Carmen y su hijo de 13 años, al borde del desahucio y sin alternativa: “Me siento abandonada por la administración”
En un bloque inacabable de pisos del barrio de Sant Martí, en Barcelona, vive Carmen desde hace siete años con su hijo de 12. Entró de okupa porque se encontraba en la calle y, según cuenta, nadie le ofrecía nada. Años después, ya asentada en el barrio, ve como el 15 de septiembre se ha fijado la fecha de su desahucio si tener una alternativa viable.
Un fondo llamado Hipoges y con sede social en Madrid ha adquirido la propiedad y se niega a firmarle un alquiler social. “Prefieren pagar la multa que les imponen por ser grandes tenedores”, resume. En poco más de un mes, si nada lo frena, se quedará en la calle con su hijo: “No sé dónde vamos a ir.”
Justo delante del sofá enfundado en un collage de mandalas que preside el salón se observan fotos de Carmen con sus dos hijos, el otro ya mayor. Aunque el espacio es pequeño, está cuidado y cabe hasta un rincón de juego para su gato recién llegado a la familia: Botas, se llama. Nada más entrar se acurruca con Carmen, que cuando llegó al piso se apañó cerrando una parte de la terraza para poder tener su propia habitación. Y después de mucho tiempo cuidando lo que ya es su hogar, ahora se ve fuera y desesperada.
Su caso no es una excepción. En Barcelona, el Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) se ha convertido en el principal dispositivo municipal frente a la exclusión residencial, pese a estar concebido como un recurso puntual. En mayo de 2026 alojaba a 3.279 personas —1.087 unidades familiares—, de las cuales cerca del 85% eran familias con menores a cargo, según datos del Ayuntamiento.
Más del 76% acumulan estancias superiores a seis meses; un 5% lleva ya más de cinco años dentro. El consistorio ha elevado el presupuesto de estos alojamientos de 34 millones de euros en 2023 a 43 en 2025.
A Carmen, de momento, los servicios sociales solo le ofrecen tres días en un albergue. “Ahí no se dan las condiciones para estar con un niño”, se lamenta. La otra vía, la mesa de emergencia que reparte las viviendas, arrastra más de 700 familias y una espera media de cuatro años. “Durante la espera para un piso nadie te ofrece nada dónde puedas vivir”, explica.
El Ayuntamiento defiende que ha reforzado las ayudas para prevenir desahucios y facilitar alternativas, como una prestación mensual de hasta 1.500 euros. Aunque en este caso, encontrar un alquiler se convierte en una quimera debido a sus condiciones de vulnerabilidad.
Desde el consistorio admiten que la crisis habitacional “hace muy difícil la disponibilidad de vivienda a precios asequibles” y que existe una clara “discriminación inmobiliaria” por razones socioeconómicas —y en otros casos, por razones raciales. Desde julio de 2025, solo 30 familias han conseguido salir de los alojamientos de urgencia con la nueva prestación.
La ley y la trampa
Carmen asegura que el fondo le ha ofrecido dinero para que se marche: inicialmente 19.000 euros, una cantidad que han reducido a 10.000 a cambio de entregar voluntariamente las llaves antes del desahucio. Pero Carmen no puede aceptarlo, ya que si cobra ese dinero tiene miedo de perder la renta garantizada (unos 1.000 euros con los que sobrevive).
“Está la ley y está la trampa”, zanja. Ocurre lo mismo con la prestación municipal: solo la cobraría si le alquilaran una habitación con contrato, algo muy difícil en un caso así. Según cuenta ella, les ha pedido que acepten un alquiler social, pero se han negado. Preguntados por este medio, Hipoges se ha negado a responder aludiendo a la “confidencialidad de cada caso”.
“No soporto que me hable ni que me mire nadie. Estoy al límite”, admite Carmen, que reconoce estar “desatada”. Por eso mismo, su hijo se ha marchado a casa de unos familiares hasta que puedan resolver la situación. El mayor ha vuelto para hacerle compañía y ayudarla. “Apenas duermo”, explica esta mujer, que teme que, si se acaba plantando en una tienda de campaña en la calle, se quede sin su hijo: “Ellos no lo protegen, no me dan una alternativa, y si estás en la calle, te lo quitan”, cuenta entristecida entre el ruido de los ventiladores que tratan de refrescar la casa.
Ante el riesgo de perderla, hace poco más de un mes que Carmen se acercó al sindicato de vivienda del barrio, que hasta entonces conocía solo como el local donde “las señoras van a bailar”. Allí ha encontrado asesoramiento y, sobre todo, gente en su misma situación. “Te hace sentirte entendida y acompañada. Es el único apoyo que tenemos”, dice. Ahora se le ha sumado la abogada que la ayuda con el caso y sobre la que deposita todas sus esperanzas.
“Me gustaría pagar, pero pagar lo que puedo pagar, porque hay cosas que no las puede asumir nadie con un sueldo normal”, narra Carmen, que solo quiere un alquiler asequible y vivir tranquila. De la administración, en cambio, dice haberlo echado todo de menos. “Me siento totalmente abandonada. Es como si no quisieran ver el problema”, lamenta.
En el pasillo de la casa solo se observan los recuerdos típicos de alguien que se siente como en su hogar. Un hogar que durante años le ha permitido a Carmen poder configurar un proyecto de vida estable y un espacio de seguridad para sus hijos. Ahora, su sustento está en peligro como el de muchas otras personas en la ciudad de Barcelona debido a la galopante crisis de precios en el mercado de la vivienda y la alta demanda que está sufriendo la administración.