Los datos oficiales contradicen al Gobierno valenciano: la ocupación de menores migrantes está al 60% y no al 180%

La Comunitat Valenciana acogía a 31 de agosto de 2026 a un total de 1.152 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, según los registros de datos oficiales. Esta cifra representa una proporción de un menor por cada 5.000 habitantes en el territorio valenciano. De acuerdo con la capacidad ordinaria aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, bajo las directrices del Real Decreto-ley 2/2025 para la garantía del interés superior de la infancia ante contingencias migratorias extraordinarias, la red pública valenciana debería contar con 1.903 plazas estructurales. De este modo, la ocupación actual del sistema se sitúa en el 60% de su capacidad ordinaria, una cifra alejada de los relatos de sobresaturación del 180% argumentados por el Consell de Pérez Llorca.

La evolución del sistema refleja un crecimiento moderado en los últimos meses. A comienzos de 2025, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025, la Comunitat Valenciana albergaba a 1.017 menores migrantes no acompañados. En el transcurso de un año y medio, el número de niños y niñas bajo tutela autonómica se ha incrementado únicamente en 135 personas.

Según fuentes del Ejecutivo central, estas cifras demuestran que la aplicación del mecanismo de acogida vinculante y solidaria aprobado el pasado año apenas ha tenido incidencia sobre la capacidad del sistema valenciano. Y añaden que para la financiación de estas plazas, el Gobierno de España entregó el pasado año a la Generalitat fondos extraordinarios por un importe de 7.414.575 euros, a los que se suma una asignación adicional de 2.601.726 euros en el presente ejercicio.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia defienden que la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta exige el compromiso activo de las comunidades autónomas, competentes en exclusiva en la protección de menores. Fuentes del departamento ministerial sostienen que la vía para articular el traslado es la firma de convenios bilaterales para la derivación de niños y niñas de las instalaciones ceutíes. “El caso de Navarra ha demostrado que, con voluntad política, es muy sencillo”, señalan desde el Ministerio, y recuerdan la obligación de dotar de manera correcta los sistemas públicos para disponer de las plazas fijadas en la capacidad ordinaria, evitar “informaciones falsas” a la opinión pública y dimensionar los recursos en lugar de aplicar reducciones fiscales a las rentas más altas.

Esta discrepancia en el baile de cifras se produce en un escenario de creciente tensión política entre ambas administraciones. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado este mismo viernes que no existe “ninguna comunicación oficial” por parte del Gobierno central y ha insistido en que las instalaciones públicas están “al 180 por ciento” de su capacidad, por lo que descarta la recepción de más menores. Consultada por elDiario.es la Conselleria de Servicios Sociales, responsable de la acogida de menores migrantes, se ha remitido a las palabras de Barrachina de este mismo viernes: “Nada que añadir”.

En los mismos términos se expresó hace unos días el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien reiteró su rechazo frontal al traslado desde Ceuta tras calificar la entrada de migrantes a finales de julio como una “invasión” y defender el retorno inmediato de los niños a sus países de origen bajo la premisa de que “los niños donde mejor están es con sus padres”.