Los clubes de cannabis y el Ayuntamiento de Barcelona encuentran un resquicio legal para mantener los locales abiertos

Acostumbrados a vivir en el alambre, siempre al filo del cierre, los centenares de clubes de cannabis de Barcelona seguirán resistiendo (por ahora). Después de que en verano pasado la mayoría de estos locales asumiera que iban a ser precintados de manera inminente, al final han encontrado un resquicio legal con el Ayuntamiento para mantenerse abiertos y continuar con su actividad.

El Tribunal Supremo tumbó el pasado agosto la normativa de 2016 del Ayuntamiento de Barcelona que ordenaba la actividad de estos clubes. La regulación establecía los requisitos que debían tener estos locales, como por ejemplo la distancia que debían guardar con colegios y otros equipamientos, las condiciones de acceso, ventilación…

Con el revés del Supremo, se eliminó el último paraguas legal que amparaba esta actividad en la ciudad, y el pasado octubre empezó una campaña de inspección por parte de la Guardia Urbana que anticipaba el cierre generalizado de estos locales, en los que sus socios pueden adquirir y consumir cannabis en su interior.

Los representantes de estos clubes y el Ayuntamiento de Barcelona, sin embargo, han encontrado una vía para que puedan seguir abiertos: ya no actuarán bajo la licencia municipal de club de cannabis, sino bajo una licencia mucho más genérica de “club social privado”. 

La interpretación del Ayuntamiento y de la CatFAC, la entidad que agrupa a buena parte de estos locales, es que el Supremo tumbó la potestad del consistorio de ordenar en la ciudad las asociaciones de cannabis, sin pronunciarse en este caso sobre la actividad de estos establecimientos. Lo que quería evitar el consistorio, señalan fuentes conocedoras de la negociación, era que estos locales permanecieran abiertos sin ningún tipo de licencia municipal.

La nueva realidad supone que estos locales tendrán mucho menos control. Ya no deberán cumplir una larga lista de requisitos para abrir sino que, solo comunicando previamente al Ayuntamiento su constitución como asociación privada, ya podrán abrir sus puertas (no exentos de los habituales riesgos penales a los que están expuestos sus administradores).

“El escenario actual supone un paso atrás, similar a cuando esta actividad no tenía ningún tipo de regulación en la ciudad”, admite Eric Asensio, portavoz de la CatFAC. “Nos consta que están abriendo nuevos locales que no cumplen con los requisitos que antes pedía el Ayuntamiento”, dice.

También habrá cambios en el interior de estos locales: a priori, no podrá haber un dispensario de marihuana de manera visible, con las distintas variedades de marihuana y sus precios o cualquier elemento que pueda entenderse como “promoción del consumo”. Los socios podrán seguir adquiriendo cannabis en estos espacios, pero de una manera mucho menos evidente. Algunos de estos locales incluso se plantean vetar el consumo de esta sustancia en su interior, aunque buena parte de ellas siguen permitiéndolo a día de hoy.

“Se incrementará la vigilancia a las asociaciones y clubes cannábicos”, señalan desde el Ayuntamiento sobre la nueva situación. “También la capacidad inspectora y de intervención administrativa para garantizar el cumplimiento de la normativa que les afecta y evitar que se generen molestias a los vecinos o infracciones de salud pública”, dicen. 

223 inspecciones y un solo precinto

Desde el pasado otoño, la Guardia Urbana de Barcelona ha visitado prácticamente todas las asociaciones de fumadores de las que se tiene conocimiento en la ciudad. Han sido 223 inspecciones cuya intensidad, afirman los representantes de estos locales, ha variado según el distrito. 

“En algunos locales han estado cinco minutos y se han limitado a comprobar cuestiones técnicas como extintores o salidas de emergencia”, explica Asensio. “En otras, en cambio, se han tirado más de dos horas, han levantado techos y han reventado cajones para ver si encontraban algo”, aclara.

Tras esta campaña de inspección, solo uno de los locales ha sido precintado, después de que la policía municipal encontrara en su interior otras drogas distintas al cannabis. Una cuarentena de estos locales no dejaron acceder a los inspectores y podrían ser objeto de un proceso penal si no dejan entrar a la Guardia Urbana en una segunda inspección. 85 de los locales visitados recibieron diligencias informativas por tener un dispensario a la vista y deberán subsanarlo antes de recibir una segunda inspección.

Reuniones con comuns y PSC

La solución pactada entre clubes de cannabis y el Ayuntamiento es el resultado de media docena de encuentros desde el pasado verano. La CatFAC se ha reunido en dos ocasiones con la teniente de alcaldía de urbanismo, Janet Sanz, y en una ocasión con Gemma Tarafa, concejala de salud. 

También ha habido encuentros con representantes del PSC en el consistorio aunque con cargos de segunda línea, como el coordinador del grupo municipal socialista, Carlos Hornero, y los jefes de gabinete del teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle y el del concejal de Infancia, Juventud y Gente mayor, Joan Ramon Riera.

La disposición de los representantes de los comuns -partidarios de regular el uso medicinal y recreativo del cannabis a nivel estatal- contrastó con las reticencias mostradas por los representantes socialistas, aseguran quienes participaron en los encuentros. “Ha habido mucha disparidad de criterios entre ambas fuerzas”, apuntan estas fuentes, que aseguran que los representantes del PSC pusieron más trabas a la hora de encontrar una solución.

Durante la última década, los clubes de cannabis se han consolidado como la principal vía de acceso a la marihuana por parte de los ciudadanos de Barcelona. Según los representantes de estas asociaciones, su implementación ha contribuido a reducir el mercado negro, también ha hecho menguar el consumo en la calle y ha logrado que los usuarios de cannabis estén mejor informados.

Según un estudio publicado en Journal of Drug Issues, en diciembre de 2019, el 82% de los usuarios de estos recintos aseguraron estar mejor informados y las multas por tenencia en la vía pública se redujeron un 20%. La mitad de las mujeres que participó en el informe afirmó adquirir el cannabis en estos locales para tratar el dolor menstrual.