El empresario imputado en el caso Bomberos niega que falseara facturas a la Generalitat

Facturas a destiempo sí, pero no hinchadas. Y ningún delito. Ese sería el resumen de la declaración como investigado del delegado del grupo Iturri en Catalunya, Eduardo D., investigado por las irregularidades en las reparaciones de los vehículos de los Bomberos de la Generalitat externalizadas a su empresa.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 14 de Barcelona ha comparecido este viernes el único de los imputados del caso que no forma parte de la dirección general de extinción de incendios de la Generalitat de Catalunya. Ha sido la jueza la que ha llevado el peso del interrogatorio a Eduardo D., han informado fuentes jurídicas.

La declaración del delegado de Iturri se ha suspendido tras casi una hora ya que las defensas se han dado cuenta de que el juzgado no les había trasladado un nuevo tomo del sumario por el que preguntaba la Fiscalía. Tanto el empresario como el anterior responsable de los Bomberos, Manel Pardo, también citado para este viernes, han quedado emplazados para dentro de siete días.

La jueza, que mantuvo durante un mes intervenidos los teléfonos del empresario y de los otros seis investigados, ha constatado una “sólida corroboración” de las “irregularidades presupuestarias y contables” en la relación contractual entre la Generalitat e Iturri, si bien de las pinchazos no se pueden desprender amaños en los contratos o el cobro de comisiones. La investigación arrancó tras una denuncia ante la Fiscalía del departamento de Interior bajo el anterior mandato del conseller Miquel Sàmper.

Las irregularidades, mantiene la magistrada, se centran en el hecho de que los contratos anuales entre la Generalitat e Iturri eran de una cuantía más baja de lo que en realidad costaban las reparaciones y el mantenimiento de los vehículos. El agotamiento presupuestario no se subsanaba, sino que Iturri seguía prestando el servicio. En ejercicios posteriores, y en el marco de otro contrato, Iturri facturaba los servicios que había prestado pero no cobrado el año anterior, lo que exigía “alterar facturas y albaranes”, detalla la jueza.

Según fuentes jurídicas, Eduardo D. ha negado a preguntas de la jueza las irregularidades por las que está investigado y ha alegado que hay una explicación para cada una de las facturas giradas a destiempo a la Generalitat por las reparaciones de vehículos. Por ejemplo, 2020 se cerró con una deuda de 1,7 millones de euros que se quiso corregir con facturas en enero, febrero y marzo de 2021. El empresario ha asegurado que el retraso se debe a que el crédito del contrato se agotaba y por eso se tenía que facturar un servicio unos meses más tarde, ya que había que esperar a un nuevo reconocimiento de deuda.

En cualquier caso, ha mantenido el empresario, esos problemas en la facturación se venían repitiendo “desde hacía muchos años”, ya que Iturri ostenta el contrato de reparación de vehículos de Bomberos desde hace más de una década. Pero las facturas, ha recalcado, son correctas, no están ni hinchadas ni modificadas para causar un perjuicio a las arcas públicas.

A la espera que comparezcan el resto de investigados, de momento la jueza ha tomado declaración al empresario y a una testigo clave, la abogada de la conselleria de Interior que alertó del fraude. La letrada admitió que no tenía constancia de que se hubieran pagado comisiones a la empresa Iturri a cambio de las reparaciones en los vehículos del cuerpo de Bomberos. Lo mismo declaró su superior, que fue quien pilotó la información reservada sobre las irregularidades que terminó en una denuncia ante la Fiscalía y después en la apertura de una causa judicial.

Que por ahora se descarten las comisiones y los amaños no quiere decir que la Justicia no vea delitos. La jueza mantiene abierta la causa por malversación, fraude a la administración, prevaricación y falsedad documental. Además, envió dos conversaciones a los juzgados de Valencia y Pamplona para investigar si Iturri replicó en la Comunitat Valenciana y en Navarra las irregularidades cometidas en Catalunya.

En los pinchazos, la magistrada revela que los investigados “se imputan los unos a los otros el control de una situación presupuestaria y contable que se acepta como carente de legalidad, pero en ningún momento se advierte ningún inicio de ánimo de lucro o de beneficio personal”. Gracias a las charlas entre dos de los investigados pertenecientes a los Bomberos con el delegado de Iturri en Catalunya y a la documentación que ya ha recabado, la jueza enmarca el caso: una gestión del dinero público “irregular y permanente en el tiempo” que supera la irregularidad administrativa.