La exconsellera de Salud niega ante el juez que promoviera el retraso en la vacunación de policías

El retraso en la vacunación contra el COVID-19 de policías nacionales y guardias civiles en Catalunya no lo promovió activamente la Generalitat. Así se podría resumir la declaración ante el juez este viernes como imputada de la exconsellera de Salud y responsable de la vacunación, Alba Vergés, actual vicepresidenta del Parlament.

Vergés ha prestado declaración voluntariamente a raíz de la querella que sindicatos policiales interpusieron contra la antigua cúpula de Salud por el retraso en su vacunación en 2021. Pese a que ya lograron que la Justicia resolviera la tardanza por la vía contencioso administrativa, los sindicatos acudieron a la vía penal para acusar a los altos cargos de prevaricación y un delito contra los derechos de los trabajadores.

No hay duda de que los policías y guardias civiles se vacunaron unos días más tarde que otros colectivos esenciales. La cuestión a dilucidar es si se debió a un retraso malicioso por parte de la Generalitat, como mantienen los sindicatos de los uniformados, o si no había discriminación alguna y la tardanza se explica por problemas logísticos con las vacunas, como mantienen Vergés y el resto de investigados.

En su declaración, según fuentes jurídicas, Vergés se ha explayado sobre la reunión clave del caso: la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud del 22 de marzo de 2021 en que se decidió que la vacuna de AstraZeneca se pincharía solo a personas de entre 55 y 65, lo que hizo variar los planes de la Generalitat, que la preveía distribuir también a miembros de los colectivos esenciales más jóvenes. Solo 48 horas después estaba previsto iniciar la vacunación de policías y guardias en la comunidad. 

Según Vergés, la decisión del Ministerio de Sanidad de restringir la aplicación de la vacuna de AstraZeneca explica el retraso en la vacunación de policías. 

La política republicana no ha orillado los whatsapps aportados por anteriores miembros de su equipo y que la incriminan. En los mensajes, del 23 de marzo, un día después del Consejo, una colaboradora de Vergés informa de que la consellera “pide parar Guardia Civil y Policía Nacional”, “No podemos argumentarlo, lo tendríamos que parar”, agregó.

Este viernes, Vergés ha alegado que los mensajes están “sacados de contexto”. En realidad, según la consellera, lo que no se podía argumentar no era el frenazo en la vacunación de policías, sino el hecho de que se siguiera vacunando a los uniformados en vez de otros colectivos esenciales de la misma franja de edad pero que ya no podían recibir AstraZeneca por las indicaciones del Ministerio. Es decir, que se vacunara a un policía pero no a un maestro.

En declaraciones a la prensa antes de entrar en el juzgado, la vicepresidenta del Parlament ha valorado que “no hay ninguna base ni ningún fundamento que pueda sustentar estas acusaciones que hacen los sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil contra Salud”.

Con la declaración de Vergés, la investigación del caso entra ya en la recta final. A falta de que las partes puedan proponer los últimos testigos o informes, el juez tendrá que decidir en las próximas semanas si eleva todo o parte del caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ante el que está aforada Vergés como diputada.

El caso se deriva de una denuncia que presentaron los sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC por el retraso en la vacunación de los agentes estatales, entre el 10 de febrero y el 24 de marzo de 2021, fecha a partir de la cual la Generalitat decidió inmunizar solo a los policías mayores de 60 años por las dudas que suscitaba AstraZeneca para los menores de esa edad.

El 24 de marzo de 2021 se había vacunado en Catalunya al 77% de los agentes de los Mossos, al 68% de Policía Local y al 77% de la Guardia Urbana, frente al 2,9% de Guardia Civil y el 3,6% de Policía Nacional, unos porcentajes que solo se equipararon cuando el TSJC ordenó a la Generalitat, el 8 de abril, que vacunara de inmediato a los agentes estatales: en menos de quince días recibieron sus dosis casi 5.000 agentes.