La Fiscalía pide tres años de cárcel para un mosso por aporrear la cabeza de un joven en Can Vies
El servicio gratuito contra la violencia institucional (SAIDAVI) del centro Iridia de defensa de los derechos humanos ha denunciado y documentado 14 casos de presuntas malas prácticas por parte de policías y funcionarios de prisiones catalanas. Algunos de ellos encaran su recta final antes de llegar a juicio, como el caso del que afecta a un agente antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.
La Fiscalía pide para él tres años de prisión por golpear con la porra en la cabeza a un joven que la tarde del 27 de mayo de 2014 pasaba con su bicicleta por la plaza de Sants de Barcelona, durante una de las manifestaciones en contra del desalojo del centro social okupado Can Vies. La acusación particular ejercida por el joven, representado por el centro Iridia, eleva la pena a seis años de cárcel.
“Sin que existiera provocación alguna por parte del joven, [el mosso] le propinó un fuerte golpe con su defensa reglamentaria [la porra] en la cabeza”, concluye el fiscal en su escrito de acusación de cara al juicio que está previsto para el 21 de junio en la Audiencia de Barcelona.
Sobre este mismo caso, además, el informe denuncia que la conselleria de Interior no ha tomado medidas “cautelares” sobre el agente. En este sentido, Iridia reclama a la conselleria un “mecanismo de denuncia de la violencia institucional” específico para la ciudadanía en paralelo a la vía judicial, y que se cree un equipo especializado en derechos humanos en la División de Asuntos Internos (DAI) del cuerpo.
Respecto a la Policía Nacional, el informe documento el intento de dos agentes de captar un confidente, que actualmente investiga un juzgado de Barcelona. Asimismo, critica la presencia “permanente” de antidisturbios en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y las identificaciones “por motivos étnicos”.
Sobre la Guàrdia Urbana de Barcelona, el estudio recoge el agente imputado por dar una patada un mantero. En el plano de recomendaciones, Iridia pide mejorar los mecanismos implantados en el último año en la unidad de deontología y asuntos internos del cuerpo para investigar los casos de violencia institucional.
El informe también dedica un apartado destacado a analizar las prisiones catalanas y casos como el de Raquel, la interna que se suicidó tras pasar por el régimen de aislamiento y denunciar malos tratos. Iridia representa a la familia de la interna en la reclamación contra la conselleria de Justicia porque, a su juicio, los funcionarios de la prisión de Brians actuaron de forma negligente. El estudio señala otros siete casos de posibles malos tratos de presos encerrados en régimen de aislamiento.
Asimismo, el informe también se muestra crítico con el Poder Judicial. De la Fiscalía dice que no es suficientemente “proactiva” a la hora de investigar las denuncias por violencia institucional, y sobre los jueces lamenta la “falta de celeridad” a la hora de conservar pruebas clave, como imágenes de cámaras de seguridad que se borran periódicamente.
