La Fiscalía pide aprobar una ley de igualdad de trato que incluya no solo medidas preventivas para combatir el racismo o la lgtbifobia sino también sanciones administrativas contra los actos discriminatorios que no rebasan la barrera del delito penal. La propuesta se incluye en la memoria del año 2020 del servicio contra los delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona, pionero en España y que lidera el fiscal Miguel Ángel Aguilar.
A grandes rasgos, la normativa supondría extender a todo el Estado la ley catalana de igualdad de trato, que a juicio de Aguilar es muy positiva ya que concreta de forma adecuada las conductas sancionables y fue aprobada el año pasado con la casi unanimidad de todas las fuerzas políticas del Parlament. Ciudadanos y PP solo se abstuvieron y votaron en contra de algunos puntos.
El fiscal Aguilar propone que la nueva legislación establezca un catálogo de sanciones y otro de infracciones que incluya todas las conductas discriminatorias perseguibles y su respuesta administrativa “atendiendo a su gravedad y regidas por un principio de proporcionalidad”. El encargado de imponerlas sería un organismo autónomo “lo más independiente posible”, recalca Aguilar.
No todos los actos discriminatorios deben comportar una multa económica. Algunas sanciones, explica el fiscal, pueden ir orientadas “a la reeducación del infractor”, y también pueden incluirse fórmulas de reparación y compensación a las víctimas a cargo del infractor. Además, la normativa debe prever la posibilidad de resolver el expediente administrativo mediante mecanismos de mediación, conciliación, arbitraje y reparación a las personas discriminadas.
La ley catalana, de entre las más de 40 conductas castigadas, sanciona como infracciones leves, de entre 300 y 10.000 euros, los cánticos o expresiones “vejatorias, calumniosas o amenazadoras” tanto en el espacio público como en redes sociales. Las multas pueden elevarse hasta medio millón de euros en caso de un despido discriminatorio o si se aplican criterios de selección de personal que excluyan por raza, religión, sexo u orientación sexual.
Además de las multas, también se prevé que los responsables tengan prohibido recibir subvenciones o contratar con la administración. Y en cualquier caso se pueden sustituir por actividades en servicio de la comunidad o de apoyo a las víctimas de discriminación. Las sanciones tienen como objetivo la prevención, disuasión y corrección de los prejuicios que la discriminación haya causado.
Según explica la secretaria de Igualdades del departamento de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Mireia Mata, la conselleria está ultimando la concreción del reglamento sancionador que contempla la ley y el nombramiento de un presidente o presidenta del Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No-discriminación, que será el organismo autónomo encargado de mediar e investigar las denuncias que no discurran por la vía penal. El ente contará con personal propio y también tendrá asesoramiento externo de expertos en no discriminación.
El objetivo del departamento, agrega Mata, es que tanto el reglamento como el organismo estén plenamente operativos a principios del año que viene. Para ello también se trabaja para que el organismo disponga de dotación presupuestaria en el proyecto de cuentas que el Govern prepara para el 2022. “Queremos que se ponga en marcha cuanto antes”, resalta. Mata también indica que los servicios jurídicos ya han empezado a abordar otra de las peticiones de la Fiscalía, la habilitación legal para que el Ministerio Público pueda derivar directamente a la Generalitat los casos de discriminaciones que no terminen en los juzgados.
A día de hoy en el Congreso siguen en trámite dos normas que contemplan en parte las peticiones que realiza la Fiscalía en su última memoria, pero cuya aprobación no tiene fecha. Las discrepancias entre socios de Gobierno provocaron que PSOE y Unidas Podemos (UP) presentaran por separado ambos proyectos. La llamada 'ley Zerolo', registrada en solitario por el PSOE, prevé la creación de un comisionado independiente para controlar todos los tipos de discriminación y contempla la posibilidad de sanciones, pero de forma menos precisa que la norma catalana. En el caso de la ley trans y LGTBI auspiciada por UP también se contemplan sanciones pero limitadas a este tipo de discriminación.