El juicio a los Pujol termina seis meses después sin que los hijos del expresident usen la última palabra

Parecía imposible, pero el juicio a la familia Pujol ha quedado visto para sentencia este jueves. La Audiencia Nacional ha terminado la vista oral, que arrancó en noviembre, sin que los hijos del expresident y el resto de acusados hayan hecho uso de su última palabra (el derecho de todo acusado que más teme su abogado, pues en ocasiones echa por tierra toda una defensa).

Ahora empieza la labor de deliberación del tribunal, de tendencia progresista, que preside el magistrado José Ricardo de Prada y lo forman las magistradas Mercedes del Molino y María Fernanda García Pérez, que será la ponente de la sentencia.

Ante el tribunal han desfilado a lo largo de 38 sesiones más de 200 testigos, sin que las pruebas hayan movido un ápice a las partes de sus planteamientos iniciales: la Fiscalía mantiene que la fortuna familiar proviene de la corrupción vinculada a la “red clientelar” del pujolismo, mientras que las defensas insisten en que procede del legado oculto en Andorra del abuelo Florenci. ¿Legado o corrupción? Es posible que la sentencia no responda del todo a la pregunta.

El momento más destacado de la vista ha sido el que no se ha celebrado en audiencia pública: el reconocimiento privado que el 27 de abril el tribunal y el forense de la Audiencia Nacional realizaron al expresident de la Generalitat para determinar si podía declarar como acusado. La respuesta fue la que los forenses ya habían dado en noviembre: Pujol no estaba en condiciones de defenderse.

El expresident no tendrá ni condena ni absolución, sino un sobreseimiento libre por su deteriorado estado cognitivo. Por el contrario, sus hijos se siguen enfrentando a altas penas por parte de la Fiscalía: 29 años de cárcel le reclama el fiscal Fernando Bermejo al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 14 años a Josep y ocho años para los otros cinco de hermanos (estos últimos acusados únicamente de blanqueo y asociación ilícita).

En un contundente informe, el fiscal Bermejo, negó que el caso Pujol fuera un “ataque” a Catalunya y contrapuso el “saqueo” perpetrado por la familia con el discurso nacionalista de “Espanya ens roba” (España nos roba). Por su lado, el abogado del Estado Ignacio Ocio (que acusa tan solo al primogénito y a Josep por delitos fiscales y falsedad documental) adujo que los negocios de Jordi Pujol Ferrusola respondían a un “favor inconfesable”.

El letrado Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, cargó contra el “clamoroso vacío probatorio” de la acusación de corrupción, basada, en su opinión, en informes policiales sin ningún rigor e incluso informaciones periodísticas no fundamentadas en documentación alguna, impropias de un “Estado democrático”.

La única defensa con tintes políticos ha sido la del exsecretario general de Convergència, Oriol Pujol. Su letrado, Francesc Sànchez, denunció que el caso obedece a una “persecución” contra el expresidente catalán por ser “quien es”, “padre espiritual de Catalunya”, con una forma determinada de “entender el país”.

Este jueves, antes del visto para sentencia, las defensas de los empresarios acusados han expuesto suis informes finales, en los que han insistido en reclamar la absolución de sus clientes. La intervención más destacada ha sido la de la abogada Ana Bernaola, defensora del promotor Alejandro Guerrero, que ha señalado de la “malicia” de algunas acusaciones de la Abogacía del Estado.

En medio año de sesiones, no se ha acreditado “ninguna irregularidad” ni se ha probado ningún “acto mendaz” ni “nada por el estilo”, ha subrayado Carles Monguilod, que representa al empresario Gustavo Buesa. Por su lado, el abogado Óscar Morales, defensor del constructor Luis Delso, ha advertido que en la causa Pujol “el Estado trató de desencadenarse de las cadenas que le atan al Derecho”, en referencia al trabajo policial.

El letrado José María Fuster-Fabra, que defiende al empresario Josep Mayola, ha insistido en que “está por demostrar” que Jordi Pujol Ferrusola haya “cometido algún delito” y, en este contexto, ha denunciado que se ha pretendido “manchar absolutamente a todo el mundo que rodea” al hijo mayor del expresident, como si fuese un “virus contaminante”.

El abogado del constructor Carles Sumarroca, Diego Artacho, ha solicitado al tribunal “una reparación” ante el “atropello” de una causa abierta durante 14 años en la que, según ha argumentado, la acusación pretende atribuir acciones a su cliente de su padre, del mismo nombre y primer apellido.