La Sindicatura de Cuentas carga contra Torra por su actitud en el caso de los contratos fraccionados por Laura Borràs

El síndico de Cuentas Jordi Pons ha cargado contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por no haber defendido la independencia de la sindicatura frente a quienes la han cuestionado por el informe que concluye que la ILC fraccionó contratos en el mandato de la diputada de JxCat Laura Borràs.

“Un país que no defiende sus instituciones es un país decadente que no tiene ningún tipo de futuro”, ha advertido en comisión parlamentaria el síndico responsable del mencionado informe sobre la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El informe constataba que hubo un fraccionamiento de la contratación en cinco contratos menores del período 2016-2018, cuando Borràs estaba al frente de la ILC, coincidentes con los contratos por los que Borràs está siendo investigada por el Tribunal Supremo, ante el que declarará como investigada el próximo 22 de julio.

Pons, que se ha ratificado en que hubo fraccionamiento, ha reprochado al president que no haya “desautorizado” a quienes han puesto en tela de juicio la independencia de la sindicatura con críticas “sin fundamento” que solo responden a intereses “particulares” y “espurios”.

“Estoy muy dolido personalmente, pero yo soy absolutamente irrelevante porque lo importante es la institución. Y es muy decepcionante que se ataque a la sindicatura para proteger los intereses espurios de algunas personas”, ha expuesto.

Pons ha señalado como ejemplo algunas de las críticas hechas por el actual presidente de la ILC, Oriol Ponsatí, que considera “impropias de un alto cargo de la Generalitat”. “No es de recibo esta falta de respeto institucional”, ha apostillado.

“Me preocupa que desde instancias superiores no se hayan desautorizado estos ataques faltos del más mínimo respeto institucional. Esto es lo más preocupante. Y cuando hablo de instancias superiores lo diré claro, hablo de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, y del presidente de la Generalitat, Quim Torra”, ha expuesto.

Más allá de lamentar el uso “interesado” que algunos sectores -en alusión velada al entorno de Borràs- han hecho del informe, el síndico ha reivindicado la rigurosidad de lo que este explica.

Así, ha negado sin mencionar su nombre algunos de los argumentos esgrimidos por Borràs en su defensa, como que no es habitual que un informe que en teoría versa sobre 2018 también analice ejercicios anteriores ni que se hable de fraccionamiento, o que el reporte dice que no hay indicios de acciones perseguibles penal o administrativamente.

Para negar los dos primeros puntos, Pons ha citado varios informes, algunos con más de 20 años de antigüedad, en los que el método de trabajo es el mismo que se ha usado para auditar las cuentas de la ILC.

Así, ha afirmado que es habitual observar ejercicios anteriores al que es objeto de análisis para que el trabajo sea más completo y también ha asegurado que siempre que se analiza la contratación se busca si ha habido fraccionamiento de contratos.

Asimismo, ha negado que en el informe haya ninguna frase que diga que no se detectan conductas perseguibles porque la sindicatura de cuentas no incluye reflexiones de este tipo. “Esta frase no está y no la encontrarán en ningún informe de la sindicatura”, ha recalcado.