Barcelona acogerá el próximo 13 de abril una cumbre internacional contra el yihadismo de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y países mediterráneos (Siria y Libia, los más afectados, no están invitados). Al margen de la dudosa eficacia mostrada hasta hoy por la política europea en la materia, la cumbre pone de relieve la agonía del “proceso de Barcelona”, lanzado por la Unión Europea desde 1995 para impulsar el desarrollo y la democratización de la franja sur del Mare Nostrum, así como la agonía del papel de Barcelona como sede de organismos estatales e internacionales. El presidente francés Nicolas Sarkozy quiso revitalizar la actuación de Francia en la zona y promocionó la creación de la Unión por el Mediterráneo, que desde 2010 cuenta con una pequeña y desdibujada estructura permanente en Barcelona.
La elección de Barcelona como sede de la nueva organización, formada por 43 países de ambas orillas, con una población de 800 millones de habitantes, fue recibida como una gran noticia. El Ayuntamiento se apresuró a ceder el Palacio de Pedralbes para a la instalación del secretariado permanente. Des de entonces el silencio ha cubierto la iniciativa. Nadie esperaba que la consolidación de la nueva organización fuese rápida ni fácil, sin embargo la expectativa de Barcelona merecía algún resultado más sólido después de tantos años intentando con insistencia convertirse en sede de algún organismo internacional.
En diciembre de 2003 perdió la candidatura a la instalación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, adjudicada finalmente a Parma, donde una semana después de la decisión estallaba el escándalo de la multinacional italiana Parmalat, el gigante lácteo que dejó un agujero contable de 14.000 millones de euros, el fraude empresarial de mayores proporciones en la historia económica europea. En cambio Vigo obtuvo en el mismo momento, durante el gobierno Aznar, la nueva Agencia Europea de Pesca.
Barcelona constituye un caso único de gran metrópoli industrial de la cuenca mediterránea, pese a verse superada en población por El Cairo o por Estambul. La ausencia de capitalidad estatal no le impidió liderar desde 1995, tres el empuje olímpico, el proceso diplomático destinado a crear la Unión por el Mediterráneo, nacida finalmente gracias a Sarkozy. El llamado “efecto sede” tenia que representar consecuencias fantásticas, más aun que los Juegos Olímpicos, aventuraban algunos.
El gobierno español nunca se ha mostrado receptivo a la aspiración de Barcelona de acoger a algunos organismos estatales, ya no digamos a reconocer ningún tipo de bicapitalidad. Tan solo deslocalizó a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), con flamante edificio de nueva construcción en el distrito 22@, cuando José Montilla ejercía de ministro de Industria. La primera y última deslocalización estatal a Barcelona duró cuatro días, antes de regresar a Madrid.
El gobierno catalán también ha dejado pasar la oportunidad de dar vida a la Euroregión mediterránea, en la que Barcelona actúa de facto como centro de gravedad y nudo estratégico de la única área que le puede otorgar la talla indispensable, la dimensión mínima competitiva en el contexto internacional, de Toulouse hasta Valencia, con 17 millones de habitantes en un radio de 350 kilómetros. Los progresos en el camino de cohesionar este potente “norte del sur de Europa” mediante nuevas infraestructuras, visión de futuro y voluntad política han sido tan irrisorios como en el caso de los organismos mundiales, europeos o estatales. De este modo todos los niveles encajan, aunque encajen por abajo.
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