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La Fiscalía pide diez años de cárcel para el exalcalde del PSC de Reus por el caso Innova

L'Hospital Sant Joan de Reus té fins a sis ales

EFE

La Fiscalía pide diez años de cárcel para el exalcalde del PSC de Reus, Lluís Miquel Pérez, por el caso Innova, centrado en una presunta trama de corrupción amparada en un grupo de empresas municipales en Tarragona. Hay ocho encausados más en la pieza principal de dicho caso, para los que se pide entre siete y diez años de cárcel. Entre los encausados está la exdirectora financiera de Innova, Esther Ventura.

El escrito de la acusación argumenta que Lluís Miquel Pérez, así como exdirector general de Innova, Josep Prat y al arquitecto Jorge Batesteza, cometieron los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias. La acusación pide para cada uno de ellos diez años de cárcel, una multa de 200.000 euros y veinte años de inhabilitación.

La pieza principal de Innova investiga también pagos presuntamente irregulares al exdirector del Catsalut, Carles Manté y a Batesteza, autorizados por Prat, quien compaginaba su cargo con la dirección del Institut Català de la Salut. Estos pagos ascienden a más de un millón de euros y las facturas estaban relacionadas con la construcción del hospital de Sant Joan de la ciudad y con asesoramiento sanitario, aunque según la fiscal, los trabajos o no llegaron a realizarse o se cobraron dos veces.

Entre otros, la fiscal pide nueve años de prisión y una multa de 200.000 euros al exdirector de obras y proyectos de Innova, José Vicente Gómez, y al responsable de la UTE Euroconsult, Sergi Luqui, como presuntos autores de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Finalmente, el Ministerio Público pide el sobreseimiento para Silvia Barberà, mujer de Batesteza y administradora, con su marido, de la empresa BBATS que cobró las facturas de Innova. Además, el escrito pide que Manté indemnice a Innova con 720.000 euros y Batesteza con 186.400 en concepto de responsabilidad civil y que devuelva el dinero no acreditado de los 8.900 euros que giró en dietas y desplazamientos.

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