Los letrados advirtieron por iniciativa propia a Forcadell y al pleno de que debían obedecer al Constitucional
Los responsables jurídicos del Parlament presentaron por iniciativa propia un informe para advertir a los diputados de su obligación de respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional instantes antes de que la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, permitiera votar la hoja de ruta independentista el pasado mes de julio.
Así lo han explicado este miércoles ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret el exsecretario general de la Mesa del Parlament, Pere Sol, y el letrado mayor de la cámara catalana, Antoni Bayona, en sus declaraciones como testigos en la causa en que está investigada por desobediencia la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, según han informado fuentes judiciales.
El origen y objeto de la causa es determinar si Forcadell desobedeció al Constitucional cuando no impidió que el pleno del 27 de julio pasado incluyera en su orden del día y votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a una vía unilateral a la independencia.
En este sentido, los letrados han declarado ante la jueza que decidieron de “motu propio” presentar el mismo día ante el registro de la Cámara un informe jurídico advirtiendo de la obligación de los diputados de abstenerse de desarrollar la resolución independentista que se aprobó el 9 de noviembre y que fue anulada por el Constitucional. En este escrito, los juristas se reafirmaron en otro informe que Bayona había redactado en diciembre, después de la sentencia del Alto Tribunal.
Bayona advirtió por escrito a los diputados de la “obligación” que tenía el Parlament de cumplir con la sentencia que anuló la declaración del 9-N, en especial en la tramitación de actos parlamentarios “que insistan en concretar el proyecto político” que expresaba la resolución anulada (la independencia de Catalunya). Precisamente la comisión de estudio del proceso constituyente se planteó por parte de JxSí y la CUP “con el objetivo de dotar de contenido y aplicar” la resolución del 9-N.
Durante aquel pleno, Forcadell preguntó a los diputados independentistas si eran “conscientes” de la resolución Constitucional que instaba a la Cámara catalana a no elevar al pleno las conclusiones ya que suponían desarrollar la declaración anulada del 9-N.
El paso de los letrados del Parlament por el TSJC como testigos es la antesala de la declaración como investigada de Carme Forcadell el próximo 16 de diciembre. También están citados como testigos el próximo 19 de diciembre tres miembros de la Mesa: el vicepresidente segundo, José Maria Espejo Saavedra (C's); y los secretarios David Pérez (PSC) y Joan Josep Nuet (Catalunya Sí Que es Pot).
