La Fiscalía se suma a la Abogacía del Estado y pide excluir al Ayuntamiento de Barcelona de la causa de las cargas del 1 de octubre
La Fiscalía se ha sumado a la Abogacía del Estado y ha pedido al juez que investiga las cargas del 1-O que expulse al Ayuntamiento de Barcelona como acusación popular en la causa, al considerar que el consistorio no fue ni ofendido ni perjudicado por la actuación policial.
En un escrito, del que ha informado en primer lugar El Periódico y al que ha tenido acceso eldiario.es, la Fiscalía alega, un año y medio después de que el juez permitiera al Ayuntamiento ejercer la acusación popular, que la personación como acusación del consistorio no es ajustada a derecho. El juez lo permitió en base a “la protección, preservación y promoción de los valores simbólicos, el prestigio y la buena reputación asociados” al nombre de la capital catalana.
La Fiscalía discrepa del juez y niega que el Ayuntamiento pueda ejercer la acusación en la investigación sobre las cargas por el 1-O para velar contra las “conductas discriminatorias” en la ciudad. Para el ministerio público, esa “genérica y vaga afirmación”, prevista en la Carta Municipal de Barcelona, serviría para permitir la personación del consistorio en todo tipo de procedimientos penales en persecución de cualquier delito público cometido en Barcelona y que se considere que puede afectar al “prestigio y buena reputación” de la capital catalana.
De hecho, el escrito resalta que para perseguir la delincuencia el ordenamiento jurídico ya prevé la institución de la Fiscalía, en defensa de los intereses públicos y generales bajo los principios de “legalidad e imparcialidad”. Por contra, el consistorio de Ada Colau, pide poder seguir en el procedimiento porque entiende que el “sujeto perjudicado es el cuerpo social como colectivo del conjunto de los españoles interesados en la convivencia cívica”.
Se trata, según el Ayuntamiento, de unos hechos en los que se vieron afectados centenares de ciudadanos, con una “gran trascendencia social” y una “grave afectación a la convivencia ciudadana” y a los intereses y derechos individuales y colectivos. En la causa permanecen investigados 40 agentes de la Policía Nacional.
“Es indudable que los hechos investigados son de mucha relevancia y han tenido una gran repercusión mediática”, apunta el consistorio, que subraya que la Carta Municipal les faculta para promover “los valores simbólicos, el prestigio y la buena reputación asociada a la denominación de Barcelona”.
