La Fiscalía rechaza que el TSJC impute a Aragonès por desobediencia el 1-O
La Fiscalía ha rechazado este viernes que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) investigue por desobediencia en los preparativos del referéndum al actual vicepresident del Govern, que el año pasado era el secretario de Economía. Por contra, ha apoyado que el TSJC asuma las pesquisas contra el exsecretario de Vicepresidencia y actual diputado de ERC, Josep Maria Jové.
El informe de la Fiscalía era necesario después de que el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, pidiera el pasado mes de julio al TSJC que imputara a Aragonès y a Jové. El juez, que investiga los preparativos del 1-O desde hace más de un año y medio, no puede imputarlos al ser los dos aforados ante el TSJC.
La desobediencia está castigada únicamente con la inhabilitación para ejercer un cargo público, a diferencia de la malversación, que puede comportar penas de cárcel. En el caso de Aragonès, el juez Ramírez Sunyer le atribuía haber hecho caso omiso de la suspensión del referéndum que el Tribunal Constitucional ordenó el 7 de septiembre del año de pasado, cuando el ahora vicepresident era secretario de Economía.
Ahora la Fiscalía Superior de Catalunya, en un informe emitido por el teniente fiscal Pedro Ariche, considera insuficiente la exposición razonada de Ramírez Sunyer por no incluir suficientes indicios que justifiquen la imputación de Aragonès. En concreto, tilda la argumentación del juez Ramírez Sunyer de “excesivamente parca” en cuanto a la indicación de indicios incriminatorios.
A diferencia del vicepresident, el juez sí ve el presunto delito de malversación, además de los de revelación de secretos y desobediencia, en la actuación del exsecretario general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové, a día de hoy diputado de ERC en el Parlament. En el documento, el juez define a Jové como “coordinador de la organización logística del referéndum”. Se basa Ramírez Sunyer en los decretos que aprobó la Generalitat que dejaban la gestión de los procesos electorales en la conselleria de Economía, además de los pinchazos telefónicos y el documento 'Enfocats' y la célebre ,libreta Moleskine incautadas a Jové.
En su informe, el teniente fiscal de Catalunya apoya que el TSJC investigue a Josep Maria Jové por los tres delitos que pide el juez y añade el de prevaricación. El fiscal defiende asimismo que hay malversación aunque no se pague la factura. “La vigencia del tipo penal de malversación –argumenta Ariche– no precisa de una cuantificación exacta del dispendio de fondos públicos verificada”. A criterio del fiscal, basta con que se acredite el empleo de recursos públicos para objetivos contrarios a los de una administración que actúa bajo el principio de legalidad. En el 1-O sería el caso de la cesión de locales públicos.
