La respuesta del Estado para impedir el voto marca la diferencia entre el 1-O y el 9-N
Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil tienen una orden muy concreta para el 1-O: impedir que se vote, ya sea requisando urnas este fin de semana o bien cerrando colegios electorales el mismo domingo. Un mandato judicial contrario al que se dio en el proceso participativo del 9-N del 2014, cuando fiscal y juez rechazaron por razones de proporcionalidad retirar urnas.
Las instrucciones recibidas por la policía ante este domingo, dadas tanto la Fiscalía como por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas, serán acatadas por los Mossos, aunque evitando el uso de la fuerza contra la ciudadanía. Las órdenes judiciales han suscitado duras críticas de la Generalitat, que ha interpuesto una querella contra el fiscal general del Estado y un recurso ante el TSJC.
Las órdenes del Estado para impedir la votación se han convertido así en la principal diferencia entre el proceso participativo del 9-N y la convocatoria de este domingo. La contundencia de los poderes del Estado en esta ocasión, diametralmente opuesta a lo sucedido el 9 de noviembre de 2014, tienen que ver con la forma en la que la Generalitat ha presentado la jornada de votación del 1-O, siempre considerándola un referéndum vinculante pese a la suspensión del Constitucional.
La proporcionalidad de Sánchez Ulled
Igual que ahora, el 9-N estaba suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), pero en aquel momento Artur Mas, al contrario que Puigdemont, optó por descafeinar la consulta, rebajándola a un proceso participativo sin consecuencias jurídicas y políticas. Hasta el punto de que Mas pretendió enmascarar su responsabilidad sobre la votación dejando que voluntarios se ocuparan de las mesas y el recuento, tal y como sentenció el TSJC.
Fue el propio fiscal Emilio Sánchez Ulled quien, en su informe final del juicio del 9-N (una de las intervenciones que más se recordará en los juzgados barceloneses), explicó por qué ni él como fiscal ni el juez de guardia de Barcelona reclamaron la medida cautelar de suspender o impedir la votación del 9-N, tal y como habían solicitado los partidos VOX y UPyD en sus denuncias ese día.
Sánchez Ulled señaló que no había suficientes elementos que probaran que detrás del 9-N había una actuación de la Generalitat para tomar “medidas tan graves”. “Las medidas cautelares necesitan de proporcionalidad, no se podía adoptar esa decisión en ese momento”, recordó el fiscal en el juicio del 9-N, ya que, por aquel entonces, hacía falta investigar la votación con pausa, calma, rigor y profesionalidad, algo que en una guardia era imposible.
El 1-O como referéndum vinculante
No ha sido así en esta ocasión. La reacción de los tribunales responde al hecho de que la Generalitat de Puigdemont, a diferencia de la de Mas, ha continuado adelante con el referéndum tal y como estaba previsto a pesar de la suspensión del Constitucional.
Pese a las reiteradas advertencias de los tribunales, el Govern ha mostrado su clara determinación a que el 1-O sea un referéndum vinculante y no una mera movilización. Otra cosa es que lo consiga el domingo si la policía desactiva la votación cerrando colegios electorales, como ha ordenado el TSJC.
De ahí que la Justicia tenga claro que es el Govern quien impulsa la votación y que ha burlado la suspensión del referéndum que acordó el TC. Entre las actividades que los tribunales observan como prueba de ello es, por ejemplo, que los políticos hayan seguido difundiendo y replicando las webs con información sobre el 1-O cerradas por orden judicial.
Referéndum sin plenas garantías
De cara el 1-O, el Govern ha vuelto a mostrar este viernes su voluntad de que el referéndum de este domingo sea plenamente vinculante, algo en lo que no está de acuerdo la oposición del Parlament ni los comuns de Ada Colau.
Sin embargo, el Ejecutivo no ha contestado este viernes con precisión a ninguna pregunta de los periodistas sobre el grado de validez de la votación si, como es previsible, hay colegios electorales que no puedan abrir. “Puede haber cambios de locales, pero todo el mundo tendrá la oportunidad de votar”, ha dicho el vicepresident Oriol Junqueras.
En este sentido, el secretario de la Comisión de Venecia, Thomas Markert, ha recordado esta semana que el referéndum convocado por la Generalitat para este domingo “no cumple” con los estándares de su institución, un organismo consultivo del Consejo de Europa.
Markert ha recalcado que el Govern no ha seguido las recomendaciones de la Comisión de Venecia al decidir convocar el referéndum sin una mayoría parlamentaria cualificada. La ley del referéndum fue aprobada retorciendo el reglamento del Parlament por la mayoría independentista de la Cámara formada por 72 diputados, dieciocho menos de los que se necesitan para reformar el Estatut.
