Trapero y los líderes de Òmnium y la ANC vuelven a la Audiencia Nacional a declarar por sedición señalados por el 1-O

De vuelta a Madrid. El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, y los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jodi Cuixart, acuden este lunes a la Audiencia Nacional citados a declarar por un delito de sedición. Lo harán con muchas posibilidades, según fuentes jurídicas, de que la Fiscalía pida medidas cautelares contra alguno de ellos, que podrían incluir su ingreso en prisión provisional.

A diferencia de su primera declaración, este lunes la Fiscalía y la jueza Carmen Lamela ya disponen de un extenso y contundente informe de la Guardia Civil que señala tanto al mayor de los Mossos como a los líderes de las entidades independentistas como engranajes fundamentales del “plan estratégico” del Govern hacia la independencia de Catalunya.

El informe de la Guardia Civil es la pasarela que ha permitido a la magistrada conectar el 1-O y los objetivos secesionistas de la Generalitat con los hechos por los que inicialmente imputó a Trapero, Laplana, Cuixart y Sànchez: las protestas y destrozos en coches de la Guardia Civil del 20 de septiembre en los registros en la conselleria de Economia.

Para sostener su tesis, el Instituto Armado hace hincapié en un documento incautado el pasado 20 de septiembre en la casa del exsecretario general de la vicepresidencia, Josep Maria Jové, que lleva por título '#EnfoCATs – Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso – Propuesta estratégica'.

Aunque no lo atribuye explícitamente a la Generalitat, la Guardia Civil destaca que el documento #EnfoCats recoge un plan “perfectamente definido y compartimentado pero interrelacionado” en el que, remarca, “todos los actores [tanto los gubernamentales como los líderes de la ANC y Òmnium] actúan de forma coordinada y con un mismo fin”, que no es otro que la independencia de Catalunya tras llevar a cabo “una confrontación” con el Gobierno central.

Trapero, señalado

El mayor de los Mossos, que no convenció a la Fiscalía en su primera declaración, acude a la Audiencia Nacional en medio de los reproches cruzados entre cuerpos policiales a cuenta del dispositivo para impedir el 1-O: la Guardia Civil acusa a Trapero y Puigdemont de “obstaculizar” su trabajo durante el 1-O, mientras que la policía autonómica afea ante el TSJC a los cuerpos estatales por no haber informado de las cargas cuando, según su versión, se había acordado que solo actuarían si se lo pedían los Mossos.

Asimismo, la Guardia Civil resalta la “implicación” de la policía autonómica en el proceso independentista “proporcionando la seguridad necesaria” a los miembros del Govern que supuestamente ejecutan el plan #EnfoCATS. La finalidad de los Mossos, según el instituto armado, es “proteger” a los dirigentes catalanes “contra posibles investigaciones de las que puedan estar siendo objeto”.

En este sentido, la Guardia Civil ha aportado a la causa de la Audiencia Nacional los pinchazos telefónicos entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre autorizados por el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, el magistrado que ordenó la operación del 20-S.

Gracias a las intervenciones telefónicas, la Guardia Civil detecta “unas precauciones en la comunicaciones” de las personas investigadas por el juez “propias del comportamiento de la delincuencia organizada”, como el uso de sistemas que no son susceptibles de intervención como Whatsapp, Telegram y correos de borrado inmediato, así como “un grado de conocimiento de la técnicas policiales de investigación”.

De los pinchazos destaca la conversación entre el director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, detenido el 20-S, y el director general de los Mossos, Pere Soler, y la conversación de otra detenida y cargo de Economía, Natalia Garriga, con un interlocutor que, según la Guardia Civil, “se desprende con total nitidez que es un policía”.

La Guardia Civil atribuye a Soler haber dicho a Sutrias que “se había aumentado la vigilancia contra los que han estado más expuestos”, en referencia a los detenidos en la operación contra el 1-O. En el caso de Garriga, la Guardia Civil sospecha que los Mossos d'Esquadra montaron tres turnos de vigilancia diarios con agentes de paisano en su domicilio para protegerla de la investigación judicial abierta por los preparativos del referéndum.

Por todo ello, la Guardia Civil concluye que “los jefes políticos y policiales de los Mossos están totalmente involucrados en el proceso separatista”, ya que aportan “protección y seguridad a sus miembros” para burlar las investigaciones judiciales y policiales contra ellos por el referéndum. Y, al menos en el caso de Sutrias y Soler, y considera “obvio” que las órdenes para aumentar la protección del alto cargo se transmitieron a través de Trapero.

Cuixart y Sànchez, los 'movilizadores'

Los líderes de las entidades independentistas están especialmente comprometidos por el informe de la Guardia Civil, cuyas tesis ha asumido la jueza. En el auto en el que rechazó el recurso de Cuixart y Sànchez contra la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la sedición, la magistrada Lamela otorgó un papel “esencial” en la estrategia independentista a los jefes de Òmnium y la ANC.

Según Lamela, el papel de Sánchez y Cuixart en el proceso soberanista es el de colaborar en una “estrategia compleja” que busca “la ejecución de la hoja de ruta diseñada” para la independencia. En concreto, la magistrada afirma que los líderes de Òmnium y la ANC asumen la “dirección” de movilizaciones para “arrastrar” a los indecisos “hacia sus intereses independentistas”.

Cabe recordar que el día 20 de septiembre tanto Cuixart como Sànchez, tras alentarla y participar en ella durante 12 horas, desconvocaron la protesta frente a la conselleria de Economía, e impulsaron una acampada frente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que duró hasta el 23 de septiembre, cuando el magistrado Ramírez Sunyer dejó en libertad con cargos a los detenidos.

Pinchazos a un exmagistrado del TC

El resto de pinchazos telefónicos alimentan la conexión de la causa entre el 20-S y el 1-O. Entre ellos figura la conversación telefónica del 23 de septiembre entre Margarita Gil, exalto cargo del Govern y esposa del exconseller de Interior, Jordi Jané, y Carles Viver Pi–Sunyer, exmagistrado del Constitucional y ahora asesor del Govern, además de imputado por el juez Ramírez Sunyer de Barcelona.

Viver Pi-Sunyer comenta en esa charla a Margarita Gil que había “limpiado” su teléfono móvil porque su esposo –Jané– le había avisado meses antes de que “fueran con cuidado”. “Le hice caso, así que no encontrarán grandes cosas”, señala el jurista, que añade que el 20-S la Guardia Civil registró su despacho y que los agentes “buscaban el whatsapps y esas cosas” pero que él ya “estaba muy limpio”.

En el atestado también figura la conversación el 1 de octubre entre otro imputado en Barcelona, el exjuez Santiago Vidal, cuyas indiscreciones iniciaron la causa del juez Ramírez Sunyer. Vidal llama a una mujer y le explica que en su colegio se había montado un “muro” en la puerta ante la llegada de la Guardia Civil, lo que a juicio del Instituto Armado muestra que el 1-O “los separatistas habían montado un sistema de información que cubría los movimientos” de los cuerpos policiales estatales para “organizar la resistencia” en los colegios.

Asimismo, los pinchazos también muestran una conversación en que uno de los detenidos el 20-S asegura que Junqueras y Puigdemont estaban “planchados” y “trinchados” después de la operación.

En otra de las conversaciones interceptadas, el 27 de septiembre el exconseller de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, comenta a Sutrias que el 1-O “si van dos millones [a votar] se tiene que sofisticar más y decir que habría sido 3 pero lo han impedido”. Esto fue lo que, curiosamente, dijo el portavoz del Govern, Jordi Turull, la noche del 1-O, cuando tras anunciar una participación de 2,3 millones de personas dijo que otros 700.000 votos habían sido “robados” por los cuerpos policiales.