Los subordinados de los profesores acusados de formar la Sindicatura Electoral del 1-O niegan que llegaran a ejercer

 A la tercera ha podido celebrarse el juicio a los cinco académicos que formaron la Sindicatura Electoral del referéndum del 1-O. En la sesión de este miércoles no se ha escuchado a los acusados, que declararán el jueves, y los testigos que han comparecido, los síndicos de los distintos territorios catalanes a los que nombraron, han negado que la Sindicatura Electoral del 1-O llegara a ejercer. La Fiscalía discrepa y por ello acusa a los profesores Jordi Matas, Tània Verge, Josep Pagès, Marta Alsina y Marc Marsal -éste último ha seguido la sesión por videoconferencia.

Lo que sí ha quedado claro de la declaración de los ocho síndicos territoriales de Tarragona, Barcelona y Girona que han testificado este miércoles es que ellos no hicieron nada e incluso dejaron sus cargos después de recibir la advertencia del Tribunal Constitucional para que no continuaran la preparación del referéndum. Los testimonios también han constatado cierta decepción porque desde el Parlament se les convocó a una reunión para decirles que no hicieran nada porque el Constitucional había suspendido la consulta.

Pero la Fiscalía no ha preguntado a los testigos si los cinco acusados estaban en la reunión, si tuvieron alguna relación con ellos o por su papel una vez la votación fue suspendida, por lo que se deberá esperar a su declaración de este jueves para saber si, al igual que sus compañeros territoriales, también acataron la indicación de no hacer nada y no seguir en sus funciones. A preguntas de la defensa, algunos testigos se han limitado a decir que no tuvieron relación alguna con los acusados.

“No fui al Parlament con la idea que me dijeran que no hiciera nada, fue decepcionante”, ha relatado Simeó Miquel, de la sindicatura territorial de Lleida, que ha añadido que no tuvo relación con la “Sindicatura central”, en referencia a los cinco acusados. Los acusados tampoco han identificado quién les convocó para la reunión del Parlament del 12 de septiembre ni quién les instó a dejar de preparar la supervisión de la votación. Algunos sí han explicado que recibieron el encargo de formar parte de las sindicaturas territoriales por parte de políticos del PDeCAT o ERC.

“En el Parlament nos dijeron que no hiciéramos nada porque el Constitucional había suspendido la votación y nos enviaron para casa”, ha expresado la síndica de Tarragona Montserrat Aumatell. “En la reunión alguien expresó desencanto y decepción porque nos habían hecho venir al Parlament para nada”, ha abundado el síndico de Barcelona Roc Fuentes. “También nos dijeron que se nos darían instrucciones y a día de hoy todavía tienen que llegar”, ha apostillado Jordi Casadevall, síndico de Girona.

La propuesta para síndica electoral del Aran, Carmen Vilanova, ha explicado que ni llegó a aceptar el cargo, y así lo puso de manifiesto en una carta que dirigió al Parlament, por lo que ni acudió al encuentro. “En la reunión dieron por concluida una función que nunca empezó”, ha zanjado Marta Cassany, otra de las síndicas de Tarragona. “La reunión fue decepcionante, todo en el plano teórico sin concretar nada”, ha lamentado su excompañero Xavier Faura.

La causa contra los síndicos del 1-O se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona contra los miembros de ese órgano de control electoral, quienes días antes del referéndum presentaron su renuncia ante el Tribunal Constitucional, después de que éste les multara con 12.000 euros diarios si no cesaban en sus funciones. La Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para los cinco académicos y juristas que conformaron la Sindicatura Electoral del 1-O, el órgano encargado de velar por el buen desarrollo de la votación pero que fue disuelto antes del referéndum ante la amenaza de multas por parte del Tribunal Constitucional a sus miembros.

Entre los actos por los que acusa de desobediencia está el hecho de que los acusados nombraron a los síndicos territoriales una vez la votación ya estaba suspendida. Antes de empezar la sesión, la fiscal ha comparado la desobediencia que, a su juicio, cometieron los acusados con con conducir sin puntos o quebrantar una orden de alejamiento.

La sesión ha empezado con una alegación de vulneración de derechos fundamentales por parte de la defensa de los acusados, que ejerce el abogado Ramon Setó. Según la defensa, se ha vulnerado su derecho a la libertad de conciencia y académica y que han sido doblemente castigados, dadas las multas que les impuso el Constitucional para que dejaran de ejercer su función. La jueza, de acuerdo con la Fiscalía, ha rechazado todas las alegaciones. Fuera de la Ciudad de la Justicia, los académicos acusados han recibido el apoyo de dirigentes independentistas como el expresident Quim Torra y los consellers Bernat Solé y Ramon Tremosa. El juicio quedará visto para sentencia este jueves.