Ecologistas en Acción reclama incorporar el derecho al medio ambiente al Estatuto de Castilla-La Mancha

La creación de una Consejería de Desarrollo Sostenible en Castilla-La Mancha, la primera de estas características en la región, y la intención del Ejecutivo de Emiliano García-Page de impulsar políticas que potencien las energías renovables, la economía circular o la defensa del agua en la presente legislatura no han sido recibidas con especial entusiasmo por Ecologistas en Acción.

La organización, que acaba de renovar su dirección regional coincidiendo con el arranque de un nuevo periodo legislativo y político, cree que el planteamiento “economicista” del Gobierno regional “dista mucho” de lo necesario para “afrontar los grandes retos medioambientales que están en juego” y critica que la acción política “queda al servicio de los intereses económicos”.

“La señales que está dando el nuevo Gobierno no son muy halagüeñas y se observa un continuismo muy preocupante”. En este sentido, apuntan a que la denominación “medio ambiente” haya quedado “relegada a un segundo plano” -el término no aparece en la denominación de la Consejería sino en un segundo nivel en forma de Viceconsejería- o que entre las competencias ambientales no se incluya las de la minería, telecomunicaciones o las de energía. Tampoco satisface el hecho de que la gestión del agua haya quedado enmarcada en la ahora denominada Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

En cambio, sí califican de “felices salvedades” en el organigrama de Desarrollo Sostenible las que crean la Dirección General de la Agenda 2030 o que se visualice la importancia de la biodiversidad.

Participación ciudadana y Agenda 2030 en el Estatuto de Autonomía

Al margen de las críticas en el diseño organizativo del Ejecutivo regional, Ecologistas en Acción, con su nuevo coordinador regional al frente, Sebastián Rivera, que sustituye a Miguel Ángel Hernández y que estará acompañado en la Co-Portavocía por José Manuel Hernández, ha lanzado una batería de “prioridades medioambientales” para la presente legislatura. Unas prioridades que consideran como una cuestión “transversal” a la acción del Gobierno.

Entre ellas destaca la propuesta para cerrar un pacto regional que declare “el estado de emergencia ambiental en Castilla-La Mancha” o la incorporación del derecho al medio ambiente en la anunciada reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Miguel Ángel Hernández ha explicado durante su despedida como coordinador y portavoz de la organización ecologista que la propuesta se remonta al Gobierno del socialista José María Barreda. Nunca llegó a cuajar. “Se trata de una versión aumentada de los que recoge la Constitución en su artículo 45: el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas”.

Sería, dice, “un punto de partida básico” para después articular instrumentos concretos. “Nos gustaría que el Estatuto incorporara el derecho a la participación pública abierta e independiente y acceso a la información”, pero no solo eso. Hernández cree que la región “tiene un déficit muy notable en la defensa jurídica del medio ambiente”. Y finalmente, cree que hay que aprovechar la apuesta por una Dirección General de la Agenda 2030 para incorporar este aspecto al Estatuto de Autonomía.

Otras propuestas de la organización ecologista de cara a la nueva legislatura pasan por fortalecer la persecución de los delitos ambientales, creando unidades específicas en las fiscalías y en el cuerpo de agentes medioambientales e impulsar un debate regional sobre la despoblación “desde un punto de vista integral, sin caer en tópicos ni tradicionalismos rancios”.

Pero hay además otras áreas para las que Ecologistas en Acción tiene amplias propuestas dirigidas a todo el Gobierno y en particular al nuevo consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero:

En este punto, los ecologistas reclaman eliminar las ayudas e incentivos sectoriales “contraproducentes” (sin especificar cuáles) para la biodiversidad y reorientar los fondos liberados.

Abogan por aprobar una Estrategia Regional de protección de la naturaleza que incluya un Plan regional de Recuperación de Especies Polinizadoras, prohibir el uso de herbicidas y plaguicidas en áreas urbanas, carreteras y espacios naturales o poner fin a la caza en parques nacionales y refugios de fauna.

Plantean en este aspecto “aplicar una reducción de emisiones al transporte por carretera y al sector agro-ganadero del 40% para 2030 y no impulsar ni el aeropuerto de Ciudad Real ni el de Casarrubios del Monte (Toledo) por sus ”grandes impactos ambientales“. Ambos cuentan ya con el apoyo expreso del Gobierno de Emiliano García-Page.

Aquí plantean aprobar la nueva Estrategia Ambiental para la región. De hecho, ya existe un borrador con horizonte 2030 que salió a información pública justo al cierre de la pasada legislatura.

En este aspecto, reclaman una ley de Bienestar Animal, una de las que quedaron pendientes en la anterior legislatura, eliminar la declaración de las corridas de toros como Bien de Interés Cultural y recuperar la prohibición de la cetrería en la región.

Reclaman un Plan regional para eliminar fuentes de contaminación y reducir las vinculadas a la contaminación atmosférica, malos olores y todo tipo de radiaciones y, además, asociarlo al Plan regional de Salud Pública. Aspecto este último que ha sido imposible durante la anterior legislatura en relación a los restos de amianto acumulados en Toledo y en otros puntos de la región.

En este punto, abogan por asumir los principios de la agroecología como herramienta contra la despoblación, cesar las autorizaciones a nuevas macrogranjas, auditando las existentes, reducir la superficie de regadíos en un 20% e incorporar a dos representantes de las organizaciones ambientales al Consejo Regional Agrario.

La aprobación de una Estrategia y una Ley regional de Residuos Cero, frenar las autorizaciones de nuevos vertederos aislados y aprobar una tasa que desincentive la producción de residuos, son las principales propuestas de este apartado.

En la cuestión del agua, lo primero pasa por reducir el consumo agrario en un 30% así como la renuncia a legalizar los pozos en el Alto Guadiana y finalmente, en coordinación con las confederaciones hidrográficas, establecer caudales ecológicos para todas las masas de agua sin olvidar el cese del trasvase Tajo-Segura y el proyectado a la Llanura Manchega.

La apuesta aquí pasa por impulsar las energía renovables (incluyendo la energía distribuida, los microproyectos y el autoconsumo), la elaboración de un Plan Regional de Energías Renovales o confirmar el desestimiento del basurero nuclear de Villar de Cañas.

Una Ley para poner freno a “proyectos mineros impactantes” y desistir o revocar proyectos como ‘El Moto’, ‘Cristina-Sepiolsa’ o Fontanarejo, entre otros, son sus demandas respecto a los proyectos mineros en la región.

Los ecologistas rechazan el tren de Alta Velocidad Madrid-Extremadura, piden la revisión de Puy du Fou como proyecto de singular interés para la región y reclaman incorporar a representantes del sector ambiental a las comisiones de urbanismo.

Solicitan poner en marcha un Plan regional de Movilidad Sostenible para reducir emisiones en el transporte por carretera y aéreo e impulsar el uso del transporte público, creando nuevas infraestructuras.

Finalmente, proponen crear un Comité de Ética Independientes que persiga la mala praxis en la tramitación de proyectos con repercusiones ambientales y una mayor apuesta por la participación pública.

También se pide renovar y ampliar los equipos técnicos y jurídicos del Gobierno con profesionales del medio ambiente y fortalecer el papel de la ciencia independiente en la toma de decisiones.