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El Supremo abre causa contra la alcaldesa "quitamultas" del PP por posible prevaricación

La institución ha admitido a trámite una querella de su Fiscalía presentada en abril contra la alcaldesa de Corral de Almaguer por quitar multas y favorecer personalmente a cuatro ciudadanos.

El fiscal ha señalado también que el teniente de alcalde Vicente González usó sus competencias municipales para quitar  estas multas. La prevaricación se castiga hasta con diez años de inhabilitación.

Juliana Fernández, alcaldesa de Corral de Almaguer (Toledo) / Foto: Ayuntamiento

Foto: Ayuntamiento de Corral de Almaguer

El Tribunal Supremo admite a trámite la querella presentada por su Fiscalía en contra de la senadora del PP y alcaldesa de Corral de Almaguer, Juliana Fernández de la Cueva, acusada de prevaricación por favorecer personalmente a cuatro personas quitándoles multas de tráfico. Se trata de un proceso que se inició en abril de este año, y que ha sido admitido debido a la condición de aforada de Fernández de la Cueva y porque los hechos pueden llegar a considerarse como prevaricación.

Las multas se quitaron, según informó la Fiscalía en su querella, incluso cuando los sancionados ya habían pagado las mismas con la reducción del cincuenta por ciento, que se prevé en las legislaciones dispuestas para estos casos.

El Tribunal ha nombrado al magistrado José Manuel Maza como instructor de la causa, tal como informan las agencias, quien será el encargado de tramitar el proceso en contra de Fernández de la Cueva o archivar el mismo. En la querella, el Fiscal señala que la alcaldesa, junto al teniente alcalde Vicente González Ramírez, usaron sus competencias municipales para retirar cuatro sanciones por conducir de forma temeraria, bajo los efectos del alcohol o sin cinturón. De este modo, la Fiscalía pide que se cite a declarar a ambos como imputados con un supuesto delito de prevaricación.

José Manuel Maza es el encargado de decidir si se cita finalmente a la senadora Fernández de la Cueva como imputada, o si la acusada decide comparecer de forma voluntaria incluso sin tener que pedir antes permiso al Senado. El delito de prevaricación se castiga con una inhabilitación de hasta diez años.

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