UGT y CCOO denuncian al Gobierno de Castilla-La Mancha por “imponer” vacaciones a los empleados públicos antes del 14 de septiembre

La Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha ha anunciado que este lunes interpondrá una nueva demanda ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) por lo que califica de “vulneración de derechos fundamentales” por parte de la Junta castellanomanchega al limitar el disfrute de las vacaciones anuales de sus empleados al 14 de septiembre.

El sindicato explica que, en una instrucción publicada el 4 de junio, la Dirección General de Función Pública establece que todo el personal de la Administración General de la Junta deberá disfrutar de la totalidad de sus vacaciones de 2020 antes del 15 de septiembre. Algo que, según UGT, “ y vulnera, a su juicio lo establecido en toda la normativa y en la Constitución Española.

Luis Manuel Monforte, responsable del sector Autonómico y Sociosanitario de FeSP UGT en la región, considera “inadmisible esta imposición” porque “va en contra de toda normativa y vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución al limitar el periodo de disfrute mucho más allá de lo establecido para este personal en sus regulaciones específicas”, explica.

Monforte critica este “nuevo ataque” a los servicios y a los servidores públicos después de haber sido los garantes de unos servicios públicos de calidad imprescindibles en los peores momentos de la COVID-19. “Ni siquiera en los peores momentos de Cospedal se planteó una instrucción tan despótica y lesiva para el conjunto de empleadas y empleados públicos”, defiende.

UGT denuncia que la Junta este ejecutando todas las decisiones relativas a sus trabajadores sin llevar a cabo ningún tipo de negociación y avisa que no permitirá más retrocesos en los derechos del personal de la Administración regional.

Dos recursos judiciales por parte de CCOO

Además, CCOO ha presentado hoy sendos recursos al Contencioso y a la Sala de lo Social del Alto Tribunal de la región al considerar que la Instrucción “incumple de forma flagrante” la ley 4/2011, del Empleo Público de Castilla-La Mancha; así como la Orden de Horarios, que no ha sido modificada para tal objeto. 

En su opinión, ahora, bien a través de resoluciones e instrucciones o bien a través de su interpretación, “el Gobierno está provocando sin razón aparente un aumento del nivel de conflictividad en la Administración autonómica, a base de restringir de forma unilateral y sin necesidad ni fundamento los derechos de sus trabajadores, con medidas que no se justifican”. En algunos casos, añaden, estas medidas “pueden incluso resultar contrarias a los intereses generales, como la obligatoriedad de irse de vacaciones cuando más falta hacen en determinados servicios”. 

Según CCOO, el Gobierno de Castilla-La Mancha “está prescindiendo cada vez más de cualquier interlocución con la representación legal de los trabajadores y las trabajadoras (RLT) de la Junta” y, además, denuncian que se “desprecia de antemano cualquier opinión, propuesta o reivindicación que puedan trasladar los sindicatos en nombre de sus representados”. 

Simultáneamente, denuncia este sindicato, “mientras se cercenan en papel oficial los derechos de los funcionarios y laborales de la Junta y se obvia a sus representantes, desde el inicio de la pandemia se suceden desafortunadas declaraciones públicas achacando motivaciones indignas a los empleados públicos y cuestionando velada o abiertamente la legitimidad ética y el valor social de sus derechos laborales”.

“Nos preocupa profundamente. Consciente o inconscientemente, se está enviando a la ciudadanía un mensaje tan injusto como peligroso”, señala CCOO que ha pedido al Ejecutivo regional que “reflexione y que recupere el diálogo social” en este ámbito convocando cuanto antes las mesas de negociación del Personal Funcionario y del Personal Laboral. 

Hace unos días, otra denuncia por el trabajo presencial

En este sentido, UGT y también CCOO recuerdan la denuncia de hace unos días ante el mismo tribunal por dictar la incorporación del personal a sus puestos de trabajo presencial sin negociar medidas de conciliación como han hecho en el resto de administraciones del país y, especialmente, sin ninguna garantía de cumplimiento de las medidas sanitarias frente a la COVID-19, “exponiendo al personal a riesgos innecesarios y sin protocolos claros que garanticen la protección de la salud”.

Por el momento las dos organizaciones sindicales que finalmente denunciaron por este motivo a la administración regional, siguen a la espera del posicionamiento del Alto Tribunal castellanomanchego.