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La contratación de un médico durante un mes en neurofisiología, insuficiente para el hospital de Cuenca.

La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública considera insuficiente la contratación de un facultativo por 30 días.

En 2011 eran 3 los profesionales encargados de este servicio.

La lista de espera actualmente en neurofisiología se alarga hasta finales de 2015.


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Fachada del Hospital Virgen de la Luz en Cuenca

El hospital de Cuenca ha contratado a un médico para el área de neurofisiología por una duración de contrato de un mes, lo que desde la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública se considera "insuficiente".

La reducción paulatina del personal de esta área ha pasado desde los 3 médicos existentes en 2011, antes de la llegada al gobierno regional de María Dolores de Cospedal, a que en el pasado mes de junio el servicio tuviera que cerrarse durante varios días ya que el único facultativo que se encargaba del mismo cogiese sus vacaciones.

La plataforma también ha denunciado que en vez de contratar a más personal para este servicio, el SESCAM está derivando a los pacientes a la clínica privada 'Alameda', a pesar de que actualmente la lista de espera en la disciplina llega a finales de 2015.

Este martes, en una concentración realizada a las puertas del centro sanitario, han denunciado la dejadez del servicio así como la externalización del mismo, "mientras que reducen plantillas, infrautilizan quirófanos, equipamiento y aparatos, aumentando desorbitadamente las listas de espera, ofrecen soluciones como la externalización de pruebas y el servicio en clínicas privadas, haciendo una privatización descarada".

También se ha denunciado que por la falta de personal, todo el equipamiento que tiene el hospital Virgen de la Luz de la capital conquense está sin utilizar e infrautilizado, ofreciendo una solución que no es ni más económica ni tampoco más eficiente.

La Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública también ha solicitado a los pacientes que se nieguen a ser derivados a clínicas privadas y que pidan ser tratados en hospitales públicos como dice la Ley de Garantías Sanitarias.

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