Más de 250 correctores valencianos de la PAU amenazan con retrasar los exámenes ausentándose de los tribunales
La próxima semana, entre los días 2, 3 y 4 de junio, tendrán lugar los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana en su convocatoria ordinaria, y los días 30 de junio y 1 y 2 de julio en la convocatoria extraordinaria. Se trata de unos exámenes que se celebran en un contexto de conflicto laboral en la educación pública valenciana, con los docentes en huelga indefinida desde el pasado 11 de mayo, y con los profesores de segundo de Bachillerato puestos “a los pies de los caballos” por la Conselleria de Educación.
Ante el estancamiento de las negociaciones de la huelga, que este martes entra en su duodécima jornada, más de 250 docentes especialistas se han constituido en la Assemblea de Professorat Corrector, una plataforma que ha anunciado este martes un paquete de medidas de fuerza que amenaza con paralizar o retrasar el calendario de los exámenes.
Los coordinadores y correctores de las pruebas denuncian la “incapacidad” de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para atender las necesidades del sistema público y critican su falta de flexibilidad ante las mejoras propuestas por la mayoría sindical.
El malestar del colectivo no se limita a las condiciones estrictas de la corrección, sino que emana de una “degradación estructural” del Bachillerato valenciano. Entre los motivos citados por la Assemblea, se denuncia que las propuestas de “mejora” de ratios de la administración siguen manteniendo unas aulas masificadas; la supresión de grupos en la modalidad del Bachillerato Artístico; la precarización laboral, con tutorías no remuneradas y con menos horas de dedicación, sumadas a una alta carga burocrática que tiene al “profesorado quemado”; y el desprecio al valenciano y al propio desarrollo del currículo educativo.
Tres niveles de presión
Ante este escenario, el profesorado nombrado para evaluar los exámenes de selectividad ha puesto sobre la mesa tres medidas de presión inmediatas que se ejecutarán de forma colectiva. Así, estos docentes contemplan la posibilidad de no presentarse a la jornada de constitución de los tribunales, programada en muchos casos para el próximo día 2 de junio, así como la presentación de renuncias masivas el mismo día de la constitución de dichos tribunales si no hay movimientos políticos. Por último, barajan la posibilidad de emprender “acciones más contundentes” referidas a la entrega de las calificaciones de los alumnos llegado el momento.
“Nos vemos obligados a tomar estas medidas, que no son políticas, sino reivindicaciones justas por una educación pública de calidad”, señalan desde este colectivo, cuyos miembros prefieren mantener el anonimato por temor a represalias. Además, insisten en que su objetivo “en ningún caso” es perjudicar el futuro del alumnado ni a sus familias.
Censuran la “tibieza” de los rectores
Los docentes también lanzan un duro reproche a las cinco universidades públicas valencianas (Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Politècnica de València, Universidad de Alicante, Universitat de València y Universidad Miguel Hernández de Elche). Aunque reconocen que algunos departamentos o facultades han mostrado apoyo de manera aislada, acusan a los rectorados de mantener un “silencio” y una “escasa solidaridad”.
Por ello, exigen a las instituciones universitarias un respaldo institucional real hacia los correctores y un compromiso sincero con el alumnado de Bachillerato, recordando que este colectivo constituye la base del futuro estudiantil del que se nutren los propios campus públicos valencianos.
La patata caliente queda ahora en el tejado de la Conselleria de Educación, que se enfrenta a contrarreloj a una crisis que podría comprometer el correcto desarrollo de las pruebas más importantes del año para miles de estudiantes valencianos.