La declaración de bienes del alcalde de Alicante: dos viviendas juntas de 250 metros en el centro y un bajo 'solo' valen 194.720 euros

Es muy complicado, si no imposible, conocer los bienes reales y su valor verdadero de los concejales de los ayuntamientos. En la información que se hace pública a principio de legislatura o cuando se producen nuevas tomas de posesión, los ediles solo muestran el valor catastral de los bienes inmuebles (sin especificar el porcentaje de propiedad) y el valor total de otros bienes, sin aclarar tampoco su naturaleza. Sí que entregan datos más pormenorizados al secretario, pero estos no se hacen públicos.

Gracias a esta falta de información, viviendas de gran valor quedan camufladas en cifras que no se corresponden con su precio real o de mercado. Esta ha sido una de las principales reclamaciones de los defensores de la transparencia, pero siempre acaba chocando con la realidad y con la escasa voluntad de los legisladores.

Por ejemplo, en Les Corts Valencianes o en el Congreso, los datos que los cargos electos proporcionan son mucho más detallados y permiten una mayor fiscalización por parte de la ciudadanía, ya que se especifica cada bien con su valor concreto y el año de adquisición.

Es el caso del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien en su declaración de bienes publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) fija el valor catastral total de sus inmuebles en 195.720,55 euros. En concreto, y según ha podido averiguar elDiario.es a partir de la información disponible en el Registro de la Propiedad, se trata de dos pisos colindantes en el centro de Alicante que suman 250 metros cuadrados y que fueron comprados en el año 2000, así como de un bajo comercial en Sant Joan d’Alacant de 115 metros cuadrados, adquirido en 2003.

Barcala posee el 50 % de los tres inmuebles junto a su mujer, quien —como ya contó este periódico— también dispone de una vivienda de protección oficial (VPO) en propiedad al 100 %, que tiene alquilada desde su adquisición.

Sin duda, el piso donde reside el alcalde de Alicante es el de mayor valor, aunque, por la forma en que se refleja en su declaración de bienes, es imposible conocer su precio real. Sobre los dos pisos adquiridos en 2000 —uno a la derecha y otro a la izquierda, lo que permite unificarlos en una única vivienda— pesa una hipoteca global de 190.000 euros constituida en 2016 y con vencimiento en 2036: unos 95.000 euros para cada inmueble.

Solo el importe de esta hipoteca, que podría haber sido utilizada para una reforma integral, ya alcanzaría el valor catastral total declarado en el Boletín Oficial de la Provincia por el alcalde.

A estos dos pisos hay que sumar el bajo comercial, adquirido en 2003 mediante una hipoteca de 80.000 euros que venció en 2013. El local, situado en el municipio de Sant Joan d’Alacant, cuenta con 115 metros cuadrados útiles y 144 construidos. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante para obtener más información sobre los bienes declarados del alcalde, pero no ha obtenido respuesta.

El patrimonio inmobiliario del alcalde de Alicante y su familia cobra especial relevancia después de que este periódico revelara que tanto su mujer como su excuñada obtuvieron sendas viviendas de protección oficial en 2006, en el mismo edificio y planta, dentro de la promoción Los Lirios de la capital alicantina.

Aunque este caso no guarda relación con la controvertida promoción Les Naus —donde varios cargos vinculados al PP fueron adjudicatarios de viviendas protegidas sin cumplir los requisitos—, sí llama la atención que, en su momento, las parejas del actual alcalde y de su hermano accedieran a viviendas de protección pública que, además, destinaron al alquiler.

La mujer de Barcala mantiene todavía la vivienda en alquiler y nunca ha residido en ella, aunque se beneficia de su revalorización en caso de una futura venta. Por su parte, en el caso de su excuñada, fuentes de Alcaldía aseguraron en su día que el inmueble siempre ha estado a nombre de la ahora exmujer de su hermano.

Pese a ello, diversas fuentes conocedoras de la situación han señalado que era Carlos Barcala quien habitualmente se encargaba de las gestiones relacionadas con esta vivienda protegida, incluso después de su separación.

El inmueble se puso en venta en 2020, una vez transcurridos los diez años de protección durante los cuales debía destinarse al alquiler con un precio tasado por la Generalitat y a inquilinos que cumplieran los requisitos establecidos en la normativa autonómica en materia de renta y otras limitaciones.

Algunas fuentes del sector inmobiliario aseguran que se habría vendido por unos 165.000 euros, casi el triple de su precio inicial. Desde Alcaldía insistieron en que fue la exmujer de Carlos Barcala, como propietaria del piso, quien lo vendió cuando ya estaban divorciados.

Así, en una misma promoción de vivienda protegida y puerta con puerta, la mujer y la entonces cuñada del alcalde de Alicante obtuvieron sendas viviendas en condiciones especialmente ventajosas, con la posibilidad de venderlas a precio de mercado transcurridos diez años. La excuñada ya la ha monetizado, mientras que la mujer de Barcala todavía la mantiene en alquiler, aunque su valor se ha disparado. Para venderla, necesitaría autorización de la Generalitat que permitiría fijar un precio de hasta 250.000 euros.

Llama la atención que familias de Alicante con profesiones liberales y elevados ingresos también pudieran acceder a viviendas de protección oficial y, en el caso de personas vinculadas al alcalde, hacerlo mediante fórmulas que han permitido su posterior explotación en el mercado del alquiler.

En la comisión de investigación sobre las VPO de Alicante que arrancan este lunes en el ayuntamiento sería interesante también incluir las viviendas adquiridas por el entorno del alcalde. Y es que la gestión de las viviendas de protección pública en la ciudad siempre están envueltas en curiosas casualidades.