La jueza que investiga la adjudicación de VPO en Alicante traslada documentación del Ayuntamiento a Fiscalía y a la UDEF
La instrucción judicial del escándalo de la adjudicación de las 140 viviendas protegidas de la promoción de Les Naus a cargos del PP, funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y familiares o personas con alguna vinculación ha dado un paso más.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han informado de que la titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la causa ha acordado dar traslado a la Fiscalía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional de la documentación aportada por el Consistorio de la capital alicantina en respuesta al requerimiento judicial que se le realizó en su día.
Además, también ha dado traslado a la Fiscalía para que informe del recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por Manos Limpias contra la decisión de la magistrada de requerirle el pago de una fianza para interponer querella y ejercer la acusación popular en la causa.
El pasado 23 de febrero, la Generalitat Valenciana comunicó al juzgado de Alicante que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan que hay ocupantes empadronados que no resultaron beneficiados con esas VPP.
Así lo anunció la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, quien ha señalado que el viernes se remitió a la magistrada que lleva el caso esa información “nueva” y obtenida de “casar los visados con las personas que, según el ayuntamiento, se han empadronado” en los domicilios de la promoción de viviendas públicas (VPP) Les Naus.
Por otra parte, el Ayuntamiento presentó datos de las inspecciones realizadas por la Policía Local según las cuales 46 de las 140 viviendas protegidas carecen de personas empadronadas en ellas y también que en más de una decena de casos hay varios miembros de una misma familia que son beneficiarios.
Entre ellos resulta “verdaderamente llamativo” la situación de tres hermanos y dos primos de una misma familia con edades entre 18 y 24 años que han recibido respectivamente una de estas viviendas VPP pese a que los primeros trámites de la cooperativa se remontan a 2018, lo que habría obligado a su inscripción con 14 ó 15 años.
El PSOE exige medidas de control
El PSOE ha anunciado una batería de iniciativas tanto a nivel municipal como autonómico para que casos como el de las VPO de Alicante no vuelvan a repetirse. En ellas, se solicita al Govern de Pérez Llorca varias actuaciones. En primer lugar, que derogue la actual ley que instauró Mazón y retorne a la de Ximo Puig.
Con la vuelta del PP a la Generalitat, se eliminaron todos los controles que existían en el anterior gobierno “para dar transparencia en el registro de demandantes de vivienda y en la adjudicación de las viviendas públicas”, ha defendido la ministra y secretaria de Vivienda del PSOE, Isabel Rodríguez. Con esta falta de transparencia, cualquiera puede acceder a una VPO aunque no cumpla los requisitos económicos para ello, no solo en Alicante, sino en cualquier lugar de la comunidad.
Por ello, la segunda actuación que contemplan las iniciativas socialistas exige que en todos los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana se examinen cada uno de los procesos de adjudicación de vivienda pública en todos los municipios valencianos. Para Rodríguez, es necesario “que lleguemos hasta el final de quiénes son los adjudicatarios”. El caos en la adjudicación es tal que se ha tenido que enviar a la policía para averiguar quién residía en cada vivienda pública adjudicada. Con ello se ha descubierto que uno de cada tres inmuebles estaba vacío.
Se pone de manifiesto una vez más los dos modelos que existen en nuestro país a la hora de regular servicios básicos o derechos constitucionales como es el del acceso a la vivienda. El modelo socialista piensa en el conjunto de la ciudadanía, especialmente en aquellos que menos tienen. Mientras, en el PP priorizan hacer negocio para sus dirigentes y familiares a la vez que bloquean las iniciativas del Gobierno para mejorar el acceso a estas ayudas para el resto de la población.
El modelo socialista garantiza la transparencia mientras el del PP privatiza el registro de demandantes en la Comunidad Valenciana e impide que se conozcan las normas de adjudicación. “El PP no ha entendido que la vivienda pública ”debe ser protegida para siempre y no para los de siempre“, ha defendido Isabel Rodríguez.