La Justicia investiga si el concejal de Movilidad del PP de Castelló usó su cargo para que le perdonaran 134 multas de zona azul
La Audiencia Provincial de Castelló ha dictado un auto contundente que devuelve al primer plano judicial el escándalo de las 134 multas de la zona azul vinculadas al actual responsable de Movilidad, Cristian Ramírez, del PP. Tras el archivo inicial de la causa, el tribunal ha estimado el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista y ha ordenado la reapertura inmediata de la investigación. La justicia considera que el hecho de que más de un centenar de sanciones quedaran sin pagar y acabaran prescribiendo de forma sistemática no puede despacharse como un simple error, apuntando a posibles indicios de relevancia penal.
El núcleo de la investigación se centra en la gestión de las multas que el vehículo utilizado por Cristian Ramírez acumuló presuntamente entre enero de 2023 y enero de 2024. Según la denuncia original presentada por el edil del PSPV, Jorge Ribes, el concejal popular sumó un total de 167 infracciones por aparcar de forma irregular en la zona ORA. De estas, solo abonó 33 en tiempo y forma, dejando una bolsa de 134 sanciones en el aire. La sospecha de la Audiencia radica en la “mágica” caducidad de estos expedientes, ya que, mientras a cualquier ciudadano ordinario se le aplican recargos y embargos, en este caso las sanciones prescribieron sin ser notificadas ni ejecutadas.
El tribunal subraya la necesidad de indagar si esta situación fue fruto de un delito de tráfico de influencias, dada la condición de Cristian Ramírez como máximo responsable del área que supervisa, precisamente, el servicio de estacionamiento regulado. La justicia cuestiona si el cargo público pudo ser utilizado para frenar el proceso recaudatorio. En este sentido, la portavoz socialista, Patricia Puerta, ha recordado que el propio portavoz del PP, Vicent Sales, admitió que el edil acudió a pagar 29 multas acumuladas solo después de que el escándalo estallara en el pleno municipal de enero de 2024.
Este escenario judicial sitúa a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco (PP), en una posición política muy comprometida. Hasta la fecha, Carrasco ha mantenido su apoyo firme a Cristian Ramírez, llegando a afirmar que el concejal ya había pagado por su error al pedir perdón públicamente. Sin embargo, el auto de la Audiencia Provincial establece un punto de inflexión al elevar el caso a una investigación penal por hechos relacionados directamente con la gestión del gobierno municipal.
Desde el Grupo Municipal Socialista, tanto Patricia Puerta como Jorge Ribes han exigido la dimisión inmediata o el cese de Cristian Ramírez, advirtiendo a Begoña Carrasco de que, si no actúa, será ella quien asuma la responsabilidad política de mantener en su equipo a un concejal bajo sospecha de tráfico de influencias. La investigación judicial deberá determinar ahora si existió una instrucción interna o una omisión deliberada para que el responsable de Movilidad eludiera las sanciones que cualquier vecino de la ciudad está obligado a pagar.