El Consell Jurídic Consultiu cierra la puerta a indemnizar a los afectados por la dana hasta que termine el proceso judicial
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El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, órgano asesor en materia jurídica, cierra la puerta a indemnizar a las víctimas de la dana hasta que termine el procedimiento judicial. El órgano estatutario, que ya desestimó la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos, plantea en un segundo dictamen que la Generalitat Valenciana espere a que concluya la investigación para indeminizar a los afectados.
El dictamen, adelantado por Las Provincias y al que ha tenido acceso elDiario.es, se realiza a raíz de un procedimiento instruido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). En él, un ciudadano se dirige a la Administración autonómica y solicita que se le indemnice con la cantidad de 49.000 euros, “por los daños morales y psicológicos sufridos como consecuencia de las pérdidas materiales ocasionadas por la inundación de su vivienda ubicada en una planta baja” en una localidad atravesada por el barranco del Poyo.
El Pleno del órgano consultivo recomienda a la Administración autonómica detener el proceso hasta la finalización de las actuaciones penales, que se dirimen en el juzgado de instrucción de Catarroja, que investiga a la cúpula de Emergencias del Gobierno valenciano en activo en octubre del 2024. Considera el órgano jurídico que “la Administración debe valorar la suspensión del procedimiento administrativo para evitar conclusiones contradictorias y garantizar la coherencia del ordenamiento”, dado que se investiga la actuación de responsables de la Generalitat Valenciana. “La Administración autonómica debe evitar pronunciarse anticipadamente sobre los mismos hechos, pues ello podría comprometer la coherencia del sistema y vulnerar el principio de seguridad jurídica”, apunta el dictamen. El CJC cree que resolver la cuestión antes de que se practiquen las diligencias y pruebas periciales sería hacerlo sobre “una base fáctica provisional e incompleta”.
“La práctica de diligencias de investigación, periciales técnicas, informes meteorológicos especializados y la eventual determinación de fallos estructurales del servicio público proporcionan un marco fáctico que resulta imprescindible para valorar si existió o no un funcionamiento normal o anormal por parte de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, en definitiva, de la Administración autonómica”, señala el dictamen, emitido el pasado diciembre. Así, razonan, “la fijación judicial de la secuencia de acontecimientos, la apreciación de la relación causal entre la actuación de las autoridades o cargos públicos y los daños producidos, o la delimitación de las competencias y deberes de actuación ante episodios meteorológicos adversos pueden constituir elementos de indudable trascendencia para determinar si concurre o no funcionamiento anormal del servicio público autonómico en materia de protección civil y emergencias”.
Los dictámenes no son vinculantes, pero funcionan como una brújula a nivel jurídico y pueden emplearse en procesos judiciales. Según informó Las Provincias, cabe esperar que el Ejecutivo de Juan Francisco Pérez Llorca estime la recomendación del CJC y espere a que concluya la investigación antes de abonar las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.
El órgano asesor ya desestimó anteriormente la responsabilidad patrimonial de los ayuntamientos por la dana, analizando el caso de una vecina de Paiporta que señaló al consistorio y a la alcaldesa por los daños sufridos.