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El fiscal plantea “si era necesario” un título para los puestos políticos del excomisionado del Gobierno para la dana

Lucas Marco

València —

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El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha reiterado su petición de que se extienda la investigación de la causa en la que figura como investigado José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la dana, a los puestos políticos que ocupó el expolítico socialista a lo largo de su trayectoria, más allá del ámbito de la Diputación, institución de la que era funcionario y en la que, según la acusación pública, se habría aprovechado de un título universitario falso que constaba en su expediente. El fiscal choca así con la postura del juez, que denegó esa petición del Ministerio Público, compartida con la acusación popular que ejerce el PP, al considerar en un auto del pasado 31 de julio que tanto la denuncia inicial como la investigación abierta se centran única y exclusivamente en el ámbito de la Diputación de Valencia.

El recurso de apelación del representante de Anticorrupción ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que “tal afirmación no es correcta”. “Queremos conocer si el investigado utilizó el título falso en el ámbito de toda su actividad profesional, lo cual significaría también que conocía su existencia, al contrario de lo afirmado tanto en sus escritos dirigidos al juzgado como en su declaración judicial”, expone el fiscal.

Además, Anticorrupción apoya la petición de la acusación popular que ejerce el PP, también denegada por el juez, para que se requiera al PSPV-PSOE la documentación sobre los cargos orgánicos que desempeñó José María Ángel en el seno del partido, “así como la identificación de las titulaciones académicas atribuidas o aportadas por el investigado”.

“El Ministerio Fiscal entiende, al igual que en los casos anteriores, que dicha información puede resultar útil para los fines antes dichos: confirmar que el investigado conocía la existencia de la titulación falsa”, según afirma el escrito.

Por otro lado, las alegaciones de la defensa del excomisionado del Gobierno para la dana, que ejerce el abogado Javier Boix, tildan de “exorbitantes” los requerimientos propuestos por la acusación popular a modo de diligencias sobre el “rastreo de currículos y perfiles políticos a lo largo de décadas”.

El escrito, al que también ha tenido acceso este diario, esgrime que se trata de una “investigación meramente prospectiva”. La reapertura de la causa ordenada el pasado 8 de abril por la Audiencia de Valencia, tras el archivo inicial por parte del juez instructor, que veía prescritos los hechos, se centraba en las peticiones de prórrogas en su puesto de funcionario de la Diputación de Valencia efectuadas por José María Ángel durante e inmediatamente después de culminar su etapa como secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat con el Consell del Pacte del Botànic.

“Nada” de aquella resolución habilita a “extender la pesquisa” a los archivos del PSPV-PSOE ni a los currículos de cargos de libre designación autonómicos o estatales que “no requerían titulación”, agrega la representación jurídica del exalto cargo.

La defensa recuerda que la investigación se centra exclusivamente en los nombramientos en la institución provincial y reprocha a la acusación popular que pretenda “ensanchar” el objeto de la investigación.

Un “cargo político” que no requería titulación

También recuerda que el nombramiento como comisionado del Gobierno para la dana “no exigía titulación universitaria”, al ser un “cargo político”.

Además, Javier Boix desliza que el nombramiento de Ángel como comisionado para la dana fue firmado por el ministro Ángel Víctor Torres, que cuenta con aforamiento, por lo que se trata de un “ámbito vedado” al instructor de la causa.

La acusación popular, a juicio de la defensa, “intenta salvar el óbice” arguyendo que se limita a pedir documentación del investigado, “pero el expediente que reclama es, íntegramente, el de un acto de un cargo aforado”.

Por otro lado, el juez ha incorporado a la causa un informe elaborado por el jefe del servicio de Informática de la Diputación de Valencia que indica que la página web del Ayuntamiento de l'Eliana no estaba alojada en el servidor de la institución provincial durante la etapa en que José María Ángel fue alcalde de la localidad de la comarca del Camp de Túria.

Sin embargo, el informe (“a título meramente informativo”) remite a un enlace que guarda una captura del 'saluda' del alcalde en el que se hace referencia a su supuesta titulación universitaria.