La Generalitat Valenciana modifica una ley que impide desgravaciones fiscales a familias de 18.000 niños con autismo

“Por nacimiento, adopción, acogimiento o delegación de guarda, durante el período impositivo, de una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, o un grado de discapacidad intelectual o mental reconocido de manera permanente igual o superior al 33%”.

Así reza el apartado C correspondiente a la ley que regula las deducciones autonómicas tras el cambio aprobado por el Gobierno valenciano que preside Juan Francisco Pérez Llorca mediante el segundo Plan Simplifica. El nuevo texto incorpora la coletilla “reconocido de manera permanente” a todas las deducciones que tienen que ver con una discapacidad intelectual o mental reconocido igual o superior al 33%.

En la práctica, esta novedad que ya está aprobada puede dejar sin ayudas fiscales a familias de 18.000 niños con autismo, según un informe que aportó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a los diferentes grupos parlamentarios. El mencionado documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, pone de relieve que “la nueva redacción introduce el qualifier 'reconocido de manera permanente' para la discapacidad intelectual o mental que no existe en el Real Decreto (RD) 888/2022 ni en el texto anterior, y que excluirá a familias con hijos con TEA, discapacidad intelectual o trastornos del neurodesarrollo cuyos certificados tengan fecha de revisión —es decir, la práctica totalidad de los emitidos sobre menores en la primera infancia, que es precisamente cuando los sobrecostes son más intensos—”.

El mismo informe alerta de que se verán perjudicadas “familias con hijos con discapacidad intelectual, TEA y trastornos del neurodesarrollo” y añade: “En la Comunitat Valenciana, más de 18.000 niños tienen reconocido un grado de discapacidad intelectual o del espectro autista igual o superior al 33%. La mayoría de sus certificados, al ser emitidos sobre menores, incluyen fecha de revisión por criterios evolutivos del RD 888/2022 —lo que no significa que la discapacidad sea transitoria, sino que el grado funcional de un niño de 2 años no es definitivamente evaluable—”.

Por este motivo, desde el Cermi, además de exigir que se rectifique este cambio, piden una actualización de cuantías a 600 a 900 euros anuales (primer año) y de 300 a 450 euros (años 2.º a 4.º), con mecanismo de indexación automática al IPREM cada 3 años. Además, exigen una nueva deducción anual recurrente de 450 euros al año para hijos con discapacidad igual o superior al 65% permanente, aplicable cada ejercicio en que se mantenga el grado, a partir del quinto año.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es, fuentes de la Conselleria de Hacienda han explicado que “la expresión ‘reconocido de manera permanente’ se incorporó en el marco de un proceso de armonización normativa ligado a la tramitación de la pasarela dependencia-discapacidad” y que “al no aprobarse finalmente dicha pasarela —a la espera de la regulación estatal, aún pendiente—, la coletilla quedó en el texto sin el marco que le daba sentido”.

Por este motivo, han añadido que “tras identificarlo conjuntamente con el Cermi, el Grupo Popular ha introducido una enmienda en las Corts para suprimir esa exigencia en la deducción por nacimiento, adopción, acogimiento o guarda de menores con discapacidad intelectual o mental, garantizando que ninguna familia pierda los beneficios fiscales que venía disfrutando”.

Sin embargo, fuentes del PSPV han asegurado al respecto que no les consta que el PP haya presentado enmienda alguna y que a día de hoy la restricción está en vigor. Además, han afirmado que aun queriendo rectificar, no podrán hacerlo antes del 20 de mayo, por lo que las familias que hayan hecho antes la declaración habrán perdido la deducción y el resto tendrá muy poco margen hasta finalice el plazo para presentar la declaración de la renta.

La portavoz de servicios sociales del grupo socialista en las Corts Valencianes, Silvia Gómez, ha censurado la “crueldad fiscal” del Consell de Pérez Llorca, ya que, mientras se ha lanzado a aprobar rebajas fiscales “populistas” y “de cara a la galería” por el gimnasio a los contribuyentes que ingresan hasta 60.000 euros, ha colado “de tapadillo y a traición” una restricción “miserable” que dejará a miles de familias valencianas con niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidad intelectual o trastornos de neurodesarrollo sin derecho a esta ayuda en su declaración de IRPF.

“Esta es la medida de la sensibilidad social del Consell de Pérez Llorca, que es cero, nula”, ha recriminado Silvia Gómez, quien asegura que esta es “la consecuencia de hacer política fiscal desde el Ventorro, con frivolidad, sin una mirada social, buscando solo el electoralismo barato”. “Los mismos que hacen política social racista con los inmigrantes y niegan la atención sanitaria o educativa a los inmigrantes por el color de la piel se ensañan políticamente con las más de 18.000 familias valencianas que tienen que asumir un esfuerzo importante para dar la mejor atención a sus hijos con discapacidad superior al 33% y cuyos certificados tienen fecha de revisión, como sucede con la inmensa mayoría de los certificados emitidos sobre menores en la primera infancia, cuando los sobrecostes son justamente los más elevados”.

Para impedir esta “tropelía fiscal”, el PSPV-PSOE ha presentado un paquete de enmiendas en las que suprime la exigencia introducida por el Consell de que la discapacidad intelectual o mental superior al 33% sea “reconocida de manera permanente”, tanto en las deducciones por hijos con discapacidad, como para el resto de supuestos: ascendientes mayores de 65 años que convivan con el contribuyente; contratación de empleado del hogar para el cuidado de persona; adquisición de vivienda habitual; o arrendamiento o pago por la cesión en uso de la vivienda habitual.

Además de equiparar el límite de renta a los 60.000 euros, como las deducciones por el gimnasio, se incrementan las cuantías de la deducción por hijo con discapacidad, congeladas desde hace 10 años, pasando de 246 euros a 600 euros el primer año (900 euros si la discapacidad es superior al 65%), y luego otros tres ejercicios con 300 euros cada uno (450 euros, si es más del 65%).