El Ayuntamiento de Valencia y el Ministerio de Transportes siguen a la gresca por las ayudas públicas relacionadas con proyectos de movilidad sostenible. El departamento que dirige Óscar Puente ha advertido al consistorio que perderá 24 millones de euros por no cumplir con los compromisos previos en acciones relacionadas con la zona de bajas emisiones, una regulación municipal que se topa con el veto constante de Vox. Se trata de un proyecto de carriles bici y otro de implantación de zonas peatonales y mejora de la accesibilidad, de 12 millones de euros cada uno.
El Ejecutivo central aprobó un decreto a finales de diciembre en el que felxibilizaba los requisitos para acceder a las ayudas, condicionado a que hubiera una aprobación de la zona de bajas emisiones en el primer semestre de 2026. El decreto dio cierto oxígeno a consistorio que dirige María José Catalá, que ya contaba con tener que inyectar varios millones de euros a la EMT para mantener el precio reducido del bonobus, uno de las facturas del rechazo de Vox a las políticas contra las emisiones contaminantes.
Sin embargo, fuentes de Transportes apuntan que el consistorio que dirige María José Catalá registró el 20 de agosto de 2025 un escrito solicitando ampliación del plazo fin de ejecución de las actuaciones hasta 2026. La orden del ministerio que guía esas ayudas contempla un plazo máximo de seis meses y que no podría extenderse más allá de diciembre de 2025. El ministerio desestimó la petición de Movilidad, departamento a cargo de Jesús Carbonell. El expediente relativo a las ayudas de la zona de bajas emisiones de València se integra por varios expedientes a su vez, de los que estos forman parte.
Las mismas fuentes recuerdan que ya se concedió prórroga en su momento para estos expedientes el máximo tiempo permitido; ya habían llegado al límite. El pasado martes, el Ayuntamiento de València presentó un requerimiento previo al contencioso administrativo contra el Ministerio de Transportes. El Gobierno sí ha estimado una modificación del proyecto de sensorización y monitorización de plazas PMR y carga-descarga.
Una “ofensiva” del Gobierno central
El consitorio de PP y Vox habla de una “ofensiva” del Ejecutivo de Pedro Sánchez contra el municipio. “El Ayuntamiento de Valencia llegará donde haga falta para que no se pierda un solo euro de las ayudas europeas”, ha recalcado el edil de Movilidad, Jesús Carbonell. En la rueda de prensa posteriora la Junta de Gobierno Local, ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará acciones judiciales contra el gobierno de Sánchez ante la “nueva ofensiva” contra Ayuntamiento de Valencia, al negarle el ministerio de Transportes y Movilidad la ampliación de plazos de ejecución de fondos europeos, que justifican en los retrasos que provocó la dana.
Carbonell considera que la decisión se debe a “motivos políticos y no técnicos” y apunta que la resolución contiene datos erróneos. El paquete de ayudas de 2022 por valor de casi 20 millones de euros está vinculados a la ejecución de 13 proyectos, de los que quedan por ejecutar 3 millones correspondientes a la reurbanización de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta (1,8M€) y los carriles bici de la avenida Gaspar Aguilar y San Vicente (1,2M€). El nivel de ejecución de los 13 proyectos de la convocatoria de 2022 que contaban con ayudas de la UE están ejecutados en un 85%.
“El ministerio de Transportes se contradice consigo mismo porque en el mismo paquete de ayudas (convocatoria de 2022) sí que concedió prórrogas de 12 meses para determinados carriles bici que ahora deniega”. Además, Carbonell ha recordado que los proyectos sobre los que el ministerio amenaza con retirar las ayudas europeas “estuvieron casi dos años paralizados en los cajones del anterior gobierno municipal corriendo los plazos para su ejecución”.
Por último, Carbonell ha explicado que las ayudas sobre las que cuestiona los plazos el ministro Puente nada que ver tienen con la no aprobación de la Zona de Bajas Emisiones, pues las ayudas no están sujetas a que esté operativa la ZBE, según el edil.