El Ayuntamiento de València tendrá que pagar 14 millones de euros más para mantener el precio reducido del bono bus. Es la primera factura que tendrá que abonar el equipo de gobierno de PP y Vox tras ser incapaz de aprobar una normativa de Zona de Bajas Emisiones, que condiciona las ayudas públicas al transporte urbano. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confirmado este martes que el consistorio asumirá “a pulmón” la parte de financiación para la EMT procedente del Gobierno de España “que posiblemente no llegue”.
La dirigente del PP valenciano ha apuntado que inyectarán 14 millones de euros en el primer semestre del año para evitar que la pérdida de subvenciones repercuta directamente en el usuario a través del bonobús. Sí lo hará a través del presupuesto público, que es de donde saldrá esta partida. “Los vecinos y vecinas de València pueden estar tranquilos porque no van a sufrir un incremento del precio en el transporte público”, ha destacado Catalá, que cuestiona la cifra de la oposición de hasta 150 millones de euros en sanciones y pérdida de ayudas. “El Síndic de Comptes en su informe hablaba de unos 13 millones de euros, nunca 150. Se habla de 150 millones de euros de forma muy alegre, pero nunca hemos estado en esas cifras”, ha ironizado la alcaldesa.
Catalá también ha apuntado que el Ayuntamiento recurrirá si se eliminan estas ayudas. “Vamos a pelearlo ante el Ministerio porque pensamos que tenemos argumentos más que suficientes para optar a las ayudas directas al transporte colectivo. De momento, lo que sí que está claro es que el consistorio va a asumir a pulmón la parte del Gobierno de España que no llegue para que nadie sufra un incremento del precio”, ha insistido.
La oposición, que lleva semanas advirtiendo de los problemas de no aprobar una ordenanza, ha censurado de inmediato la decisión: “Lo que hace el PP con el presupuesto de València es lo que ha hecho siempre: despilfarrar el dinero público por sus intereses políticos”, ha apuntado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan. El PSPV ha denunciado la “irresponsabilidad” de Catalá porque “va a cargar sobre todos los valencianos y valencianas la factura de su negativa a aprobar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE)”.
Desde Compromís, Giuseppe Grezzi se ha manifestado en términos similares. “Como era previsible, la no aprobación de la ZBE provocará que la EMT deje de recibir 14 millones de las ayudas al transporte que otorga todo los años el Gobierno, unos 38 millones para toda el área metropolitana. Unos fondos que ya están presupuestados y que provocan otro agujero económico en las cuentas de la empresa pública. Sin embargo, eso no es todo, porque esos fondos que se pierden no son las cantidades destinadas a la reducción al 50% de los bonos de viaje que se financian mediante otra línea de ayudas. Es decir, las cantidades perdidas suman muchas más decenas de millones de euros, y las acabarán pagando los y las valencianas, sino directamente con un incremento del precio del billete, con los impuestos que o tasas que Catalá nos trasladará para poder hacerle frente”, señala el exresponsable de Movilidad.