La jueza de la dana plantea a un alto cargo de Mazón el cotejo de sus llamadas con el jefe de la Abogacía sobre el confinamiento
La jueza de la dana ha planteado al exsecretario autonómico de Presidencia del Consell de Carlos Mazón, el testigo Cayetano García Ramírez, la posibilidad de que aporte voluntariamente la factura de su teléfono móvil para que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) coteje las llamadas que mantuvo el alto cargo con Álvaro Martínez Ávila, abogado general de la Generalitat, que ha declarado este martes ante la magistrada de Catarroja.
La providencia, dictada poco después de la testifical, otorga un plazo de cinco días para que el alto cargo, actualmente secretario autonómico de Economía, conteste la petición.
García Ramírez declaró como testigo el pasado 22 de enero y dijo que la medida del confinamiento “limita derechos”, tal como transmitió a la entonces consellera Salomé Pradas, investigada en la causa.
Por el contrario, el jefe de la Abogacía ha manifestado que “nadie” de su departamento se pronunció “en contra” del confinamiento.
La instructora también ordena que se coteje por parte de la LAJ la llamada que Martínez Ávila mantuvo con una directora general la tarde del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, en relación con las consultas jurídicas sobre el confinamiento, una de las medidas que debatía la reunión del Centro de Coordinación operativa Integrado (Cecopi).
La jueza señala que el responsable de la Abogacía ha prestado su “autorización expresa” para que se requiera asimismo a la Dirección General de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (DGTIC) de la Generalitat para que remita a la causa la factura de sus llamadas del 29 de octubre de 2024, a partir de las 17.00, desde su teléfono corporativo al de Ricardo García, subsecretario de la conselleria que dirigía Salomé Pradas.