Los elogios a Rita Barberá oscilaron entre “la mejor alcaldesa” y la “alcaldesa de España”. Durante la la XXVI Intermunicipal del PP, celebrada el sábado en Valencia, los 'populares' aprovecharon para reivindicar el legado de la que fuera primera edil de la ciudad entre 1991 y 2015. “Rita hoy va a estar muy presente”, aseguró la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. La exministra Celia Villalobos se sumó con entusiasmo: “Aquí falta hoy una mujer que ha sido la mejor alcaldesa del mundo, Rita Barberá”.
Sin embargo, se trata de una herencia envenenada judicialmente. La familia de Rita Barberá, que falleció el 23 de noviembre de 2016 en un hotel de Madrid tras sufrir un infarto, apartada del PP y tras declarar en el Tribunal Supremo, se encuentra imputada en el marco del 'caso Azud', que investiga una presunta trama corrupta en materia urbanística. El PP, paradójicamente, ha solicitado personarse como acusación popular.
La causa nace del 'caso Taula', en el que su cuñado, el abogado José María Corbín, afloró como presunto cobrador de 'peajes' a empresarios adjudicatarios del Ayuntamiento de Valencia para, según el juez instructor, “intentar repartirse el mercado” de adjudicaciones (a razón de 150.000 euros por cabeza) durante el mandato de Barberá.
Una denuncia anónima ante la Agencia Tributaria permitió al fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, tirar del hilo y apuntalar la investigación del 'caso Azud'. Un informe de Hacienda incorporado al sumario, considera “difícil de explicar” que el cuñado de Rita Barberá multiplicara por cinco su facturación mientras el PP gobernaba en el consistorio.
Así, el cuñado de Barberá es uno de los principales investigados en la causa, además de su hermana (y jefa de gabinete) y sus tres sobrinas. El ex vicealcalde de Valencia, el 'popular' Alfonso Grau, antigua mano derecha de la primera edil 'popular', también es uno de los principales imputados. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el expolítico del PP, también procesado en el 'caso Taula', se llevó dos millones de euros en mordidas.
Cuando fue investigada en el marco de la pieza A del 'caso Taula' (la entonces senadora Rita Barberá tuvo que declarar ante el Tribunal Supremo, dos días antes de su fallecimiento, por su condición de aforada), el partido le dio la espalda e incluso dirigentes de la época como Pablo Casado y Javier Maroto pidieron contundencia en materia de corrupción. El PP le abrió un expediente informativo.
Con su fallecimiento, se extinguió su posible responsabilidad penal. Además, la causa por el supuesto blanqueo en la campaña electoral de las municipales en Valencia en 2015 fue archivada mediante un polémico auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que deshinchó la pieza más mediática del 'caso Taula', en la que hasta medio centenar de ediles y asesores de Rita Barberá llegaron a estar investigados.
En el banquillo de los acusados, se sentarán finalmente Alfonso Grau, su antigua mano derecha, y la exsecretaria del grupo municipal 'popular', María del Carmen García Fuster, otras persona muy cercana a Barberá.
Más complejo se prevé el panorama en el 'caso Azud'. La vivienda familiar fue registrada por cinco agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 2 de abril de 2019. Tanto la hermana de Rita Barberá (que también era su jefa de gabinete), como el cuñado de la exalcaldesa, además de tres de sus sobrinas, se encuentran bajo el foco de la investigación.
Y, además, aprovechando que la pieza separada 7 del 'caso Azud' ha aflorado la supuesta financiación en B de campañas electorales del PSPV-PSOE, el PP valenciano ha solicitado personarse en la causa como acusación popular. Sin embargo, no sólo lo ha pedido en la pieza 7. También ha solicitado su personación en la pieza principal, en la que aparece el cobro por parte de Corbín de una supuesta comisión de 2,2 millones de euros.
La jueza instructora aún no ha decidido si acepta la personación del PP en la causa, según fuentes cercanas al caso. También lo han solicitado Vox y la Organización de Usuarios y Consumidores de Aguas (Aguaiuris).
El ejercicio de la acusación popular supondría, una vez finalizada la instrucción de la compleja causa, que el PP tendría que presentar un escrito de acusación e incluso figurar en el juicio, junto al fiscal anticorrupción, como parte acusadora.
Los elogios a Rita Barberá muestran las contradicciones internas del partido, además de la herencia envenenada de la exalcaldesa, que aparecen precisamente a pocos meses de la próxima campaña electoral, en la que los populares se juegan pasar un tercer mandato en la oposición o acceder de nuevo a la vara de mando del Ayuntamiento de Valencia.