Dos entidades financieras con sede social en Valencia, tercera y cuarta por su tamaño, negocian para formar el primer banco de España. Caixabank y Bankia tienen su sede teórica en la ciudad, pero sus oficinas principales están en Barcelona y en Madrid. El gigante que resulte de esa eventual fusión podría repetir el esquema y mantener su sede social en la capital valenciana, como ha señalado que desea el presidente del Gobierno autonómico, Ximo Puig. Sin embargo, la noticia, expresada así, no puede ser más equívoca.
Desde luego, siempre sería mejor que nada. Pero la realidad es que en la economía valenciana se produjo hace una década un cataclismo, y las entidades financieras locales desaparecieron para que sus sedes fueran ocupadas por bancos foráneos: la Caja del Mediterráneo (CAM) fue a manos del Banco de Sabadell; la sede de la antigua Bancaja pasó a ser de Bankia y el emblemático edificio del Banco de Valencia se trasmutó en sede de Caixabank para certificar el definitivo fracaso de la burguesía indígena. Eran las consecuencias del hundimiento del sistema financiero valenciano.
Del reparto del botín de aquella debacle apenas se salvó la pequeña pero vigorosoa Caixa Ontinyent, única superviviente junto a Caixa Pollença de lo que fue el pujante sector de las cajas de ahorros, que llegaron a representar la mitad del sistema bancario español. Víctimas de la escisión que impuso la Unión Europea entre la fundación dedicada a obra social y el negocio bancario y del saqueo de los años de corrupción, cuando políticos de la derecha ocuparon sus órganos de gobierno y malversaron sus recursos en la burbuja de la especulación urbanística, las cajas valencianas son ya un vestigio del pasado. Un vestigio cuya reestructuración costó cara al Estado.
Y sin embargo, no habría que pasar la página de la memoria con tanta rapidez. Emili Tortosa, el director general de la antigua Caja de Ahorros de Valencia que creó en 1991 la moderna Bancaja, lo ha escrito: “Como motor del crecimiento que han sido en España, las cajas de ahorros han movilizado recursos, han fomentado la incorporación de los ciudadanos y las familias al crédito, así como la financiación de la pequeña y mediana empresa, al tiempo que sus excedentes, destinados por principio a dotar de bienes y servicios a la sociedad, han contribuido a la construcción de lo que se conoce como Estado de bienestar. Al mismo tiempo, a partir de la denominada Ley Fuentes Quintana, por el ministro que la impulsó en 1977, gozaron de una mayor libertad operativa, que les permitió competir en muchos aspectos con los bancos comerciales”.
Después, los problemas que planteaba la propiedad de unas entidades que no tienen accionistas y en expansión creciente, así como sus dificultades de gobierno, con una representación de impositores, empleados e instituciones públicas distorsionada por la manipulación política que las convirtió a menudo en una especie de tesorería imposible de los gobiernos autonómicos, cuando no de los partidos que los sustentaban, minaron el funcionamiento de las cajas de ahorros hasta que la crisis se las llevó por delante entre los años 2008 y 2012, con un reguero de impositores engañados, deudores de hipotecas desahuciados y directivos procesados.
Puede que el modelo estuviera condenado al fracaso, o que hubiera sido posible su actualización, con algo de coraje e imaginación, sin perder su base comunitaria y su retorno de beneficios a la sociedad. Se produjo el fracaso, entre otras cosas, porque nadie se propuso pensar una solución diferente en plena hegemonía del neoliberalismo y en medio de la ofensiva del capitalismo financiero global y la sacralización de los mercados.
Vuelvo a Emili Tortosa, que empezó de botones en una sucursal de la Caja de Ahorros de Valencia en los años cincuenta y la dejó en la cúspide de su trayectoria en 1998 convertida en Bancaja, una de las principales marcas financieras de aquel momento. En su libro Fulgor y muerte de las cajas de ahorros (Publicacions de la Universitat de València), resume: “En la memoria quedarán 180 años de esplendorosa vida de las cajas de ahorro, que evolucionaron de ser montes de piedad a transformarse en unas entidades financieras que llegaron a copar más del 50% del sistema financiero español y hoy se han convertido en bancos. Mientras fueron eficientes, las cajas no se tocaron. Pero la eficiencia se acabó y un terremoto financiero las sacudió, y han seguido un nuevo camino para revestirse como los bancos, provocando un proceso de fusiones y facilitando, bajo la mirada del Banco de España, su entrega a los operadores privados, con el objetivo de controlar el mercado financiero”.
El gigante bancario que Goirigolzarri, Fainé, Gual y compañía se proponen ahora constituir tendrá inicialmente entre sus principales accionistas al Estado (que quiere recuperar con la mínima pérdida y la máxima celeridad sus fondos) y estará cimentado sobre los escombros de esas antiguas entidades. Si Bankia, que estableció su sede social en Valencia cuando Caja Madrid absorbió a la valenciana Bancaja, o Caixabank, que migró su sede social a esta ciudad como reacción al intento independentista en Catalunya, convergen en un banco con sede oficial también en Valencia, es dudoso que represente algo más que un movimiento protocolario. Pese a los esfuerzos de los actuales gobernantes valencianos por jugar algún papel en el proyecto, sin peso accionarial ni presencia social es difícil que Valencia sea algo más que una amable anfitriona y un cliente para la nueva institución bancaria. No dejará de ser una operación simbólica, un monumento erigido a modo de epitafio sobre la ruinas de un sistema financiero que se vino abajo.