La vivienda se ha convertido en un controvertido problema en España, porque no se trata de una cuestión únicamente económica sino social y política. La vivienda como derecho humano esencial vs. la vivienda como producto de mercado.
La Constitución española en su artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda digna, pero en la práctica constatamos que prevalece la presión del mercado inmobiliario. Una de las razones es la escasez de parque público en cuestión de alquiler, hay muy pocas viviendas en alquiler en España para la gran demanda actualmente. Y la falta de inversión estatal en este ámbito se ha convertido en un campo de batalla entre partidos. Los partidos de izquierda defienden aumentar el parque público y limitar los precios, consideran la vivienda como un derecho básico que exige alquileres regulados; los de derecha apuestan por incentivos fiscales y una mayor liberalización, entendiendo la vivienda como un bien de mercado que demanda incentivar la construcción, reducir las trabas burocráticas y dar seguridad jurídica a los propietarios.
La Ley de Vivienda de 2023 declaró la existencia de zonas tensionadas limitadoras de alquileres, estableció lo que se llamó grandes tenedores (como fondos, bancos e inmobiliarias) y determinó protección frente a desahucios. Ley que fue criticada por ambos polos políticos: intervencionismo que reduciría la oferta vs. insuficiencia para frenar la especulación. Lo cierto es que siendo la vivienda competencia autonómica se generan grandes diferencias regionales en lo que se refiere a la regulación.
En las grandes ciudades los precios de la venta han subido de manera desproporcionada, y los alquileres se han encarecido de tal modo que resultan inasequibles para una inmensa parte de la población. El salario medio no ha crecido ni por asomo al ritmo de la vivienda y las personas jóvenes sobre todo tienen que destinar una parte enorme de sus ingresos a la hipoteca o a pagar la renta.
¿Qué ocurre?
Lo cierto es que hay miles de viviendas vacías que no salen al mercado del alquiler. ¿Por miedo a que los inquilinos no paguen? ¿Porque necesitan una rehabilitación que los propietarios no están en disposición de asumir?
Hay más: los fondos de inversión (“fondos buitre”) han comprado viviendas en zonas turísticas y presionan al alza los precios. Los alquileres turísticos (como Airbnb) reducen la oferta de vivienda habitual no solo en zonas de veraneo sino en las grandes ciudades. Todo ello genera una ruptura del tejido social (barrios que se vacían de residentes habituales y se llenan de viviendas turísticas). Afortunadamente se va poniendo freno a esta invasión.
Existen zonas con viviendas disponibles, pero donde no hay trabajo y donde faltan servicios.
Todo ello dificulta enormemente la emancipación juvenil y crea una gran preocupación en las familias ante el temor de no poder asumir el pago de la renta o de la hipoteca.
Parece que se animan algunas iniciativas; el Ayuntamiento de València creará una agencia pública de alquiler destinada a los jóvenes que asegurará el pago de la renta mensual a los propietarios para dar seguridad jurídica y aumentar la oferta de alquiler.
Los movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los sindicatos de inquilinos han ejercido presión y han llevado el derecho a la vivienda al centro del discurso parlamentario.
Consecuencias:
La vivienda se ha convertido ya en un factor de exclusión social (sólo las personas con un salario elevado o bien las que han heredado la vivienda pueden asumir el pago de la renta o la hipoteca).
Aumenta la brecha intergeneracional, las personas jóvenes sin apoyo familiar son incapaces de asumir los pagos.
La falta de un parque público de alquiler agrava la desigualdad entre las personas.
Se retrasa la formación de familias y la natalidad.
Las situaciones de vulnerabilidad se acrecientan (personas sin hogar, realquiladas o empujadas a la ocupación).
Para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible se han establecido medidas para proteger a inquilinos vulnerables frente a aumentos desproporcionados de rentas.
El índice de referencia para la actualización de la renta ha pasado a ser el IRAV en lugar del IPC (para contratos posteriores a la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda).
Se han ampliado las obligaciones y regulaciones para los grandes tenedores de viviendas, recargos de IBI para viviendas vacías, se pueden aplicar bonificaciones en el IRPF para propietarios que alquilen a personas jóvenes o a precios reducidos en zonas tensionadas.
Con estas normas, ¿se procurará mayor estabilidad y seguridad en el pago de los alquileres? ¿Habrá mayor protección en casos de desahucio? ¿Desaparecerán los incrementos desproporcionados de alquileres? ¿Se fomentará la oferta de vivienda asequible?
La plataforma Juntes per l’Habitatge (formada por 27 organizaciones que defienden el derecho a la vivienda) exige garantías de viviendas dignas a las familias; para estas organizaciones la creación de viviendas sociales debe ser prioritaria, viviendas que garanticen una función social y que eviten enriquecimientos particulares, constatando que el parque público de viviendas es exiguo (alrededor de un 0,6% de las viviendas de la CV). La plataforma presentó el 11 de septiembre en el Colegio Mayor Rector Peset la campaña por el derecho a la vivienda con el análisis de la situación actual y la tabla de reivindicaciones, así como las movilizaciones que van a tener lugar en próximas fechas. La plataforma nació el 15 de marzo al objeto de defender a las personas y familias agredidas en su derecho a la vivienda, por los desahucios, la subida de alquileres, el escaso parque público de viviendas, las escasas ayudas al alquiler, entre como los principales problemas.
No solo se trata del artículo 47 de la Constitución, como decíamos al inicio, sino del 16 del Estatuto de Autonomía, así como de la Carta Social Europea, de la Declaración de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Está por ver.