El plan de vivienda protegida de Pérez Llorca copia el modelo especulativo de la VPO que compró la mujer del alcalde de Alicante
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La mujer del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), logró adquirir en el año 2006 una vivienda protegida para destinarla a alquiler mediante un precio tasado durante tan solo 10 años desde su calificación definitiva (en 2005). A partir de 2015, la vivienda pierde la protección y por lo tanto se puede alquilar al precio del mercado libre o se puede vender a un precio que actualmente triplica su valor inicial, previa autorización de la Generalitat Valenciana.
Esta llamativa modalidad por la que el comprador, o en este caso compradora, puede enajenarse una vivienda protegida directamente del promotor y destinarla al alquiler sin cumplir ningún tipo de requisito o limitación en cuanto a renta o propiedades, sino que es el futuro inquilino el que debe hacerlo responde a una legislación aprobada por el PP a principios de siglo que otorga una visión especulativa de la VPO. Un modelo que en parte ha replicado de nuevo el Gobierno valenciano mediante su decreto de diciembre de 2024, en el que elimina la protección definitiva de las viviendas protegidas de iniciativa privada tras un plazo de entre 15 y 30 años, transcurrido el cual pasan ser de renta libre.
Como ha informado elDiario.es, según el decreto 92/02, de 30 de mayo, de la Generalitat Valenciana en el que se amparaban estas viviendas, debía de mantenerse en alquiler durante diez años a un precio tasado. Después, y según la misma norma, “en el supuesto de que el inquilino no comprase la vivienda, el arrendador podrá optar por continuar con la explotación de la misma en régimen de arrendamiento o venderla, previa autorización del cambio de uso por parte de los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, coincidiendo con la terminación del plazo del contrato de arrendamiento o de alguna de sus prórrogas”. Así, la norma establece un plazo de protección que puede de ser de 10 años o de 25 años.
Según la misma normativa, “en caso de venta por cualquiera de los supuestos indicados, el precio máximo de la vivienda, que figurará en el visado del contrato de compraventa expedido por los servicios territoriales de Arquitectura y Vivienda, no podrá superar, por metro cuadrado de superficie útil, 1,25 veces el precio básico a nivel nacional vigente en el momento de la transacción. Si la vivienda tuviera garaje o trastero, será de aplicación el porcentaje establecido en el párrafo b) del artículo 14 del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, a efectos del cálculo del precio de los mismos”.
Así, aplicando estos parámetros el precio actual de la vivienda sería de 2.230 euros por metro cuadrado, según el Instituto Nacional de Estadística. Si se multiplica por 90 metros, en estos momentos el piso VPO de la esposa del alcalde podría ser traspasado por hasta 250.875 euros, siempre que el cambio fuese autorizado por la Conselleria de Vivienda. La VPO que adquirió la mujer de Barcala en 2006 subrogándose a un préstamo de 68.489,73 euros, y que ya lleva 20 años alquilada con sus correspondientes ingresos, tendría ahora un valor máximo de más de 250.000 euros: casi cuatro veces más que su valor inicial.
El plan Vive de vivienda protegida del actual Gobierno valenciano apuesta por un modelo similar. Para empezar, en el caso de las viviendas protegidas de iniciativa privada prioriza la construcción mediante permuta, es decir, la mercantil compra el solar a la administración y lo paga en especie, otorgándole un porcentaje de las viviendas que construya. Estos procesos ya de por sí generan suspicacias porque implican la mercantilización del suelo público y la pérdida de patrimonio. En València el PSPV ha llevado a la Fiscalía una de estas operaciones.
Además, mientras el decreto del Gobierno del Botánico de mayo de 2023 apostó por el carácter “permanente” de la protección de viviendas protegidas tanto de promoción pública como privada, el decreto del 10 de diciembre de 2024 de régimen jurídico de las viviendas de protección pública (VPP) de la Comunitat Valenciana y que es de aplicación en las viviendas protegidas de promoción privada establece un plazo máximo de protección para las de gestión privada de entre 15 y 30 años (ver imagen). Las que construyan directamente las administraciones, sí que mantendrán la protección de forma indefinida.
Además, se trata de un plazo “máximo” sujeto a unas supuestas excepciones que quedan sin especificar y que podrían anticipar los plazos, aunque fuentes de la Conselleria de Vivienda aseguran que serían casos muy excepcionales. Al respecto, el decreto establece: “La dirección general competente en materia de vivienda, mediante la resolución motivada, por razones de interés público, podrá disponer la descalificación de viviendas y elementos complementarios calificados definitivamente”. El decreto tampoco establece periodos mínimos en los que la vivienda debe tener garantizada la protección.
Desde Vivienda defienden este cambio en la necesidad de dar unas condiciones mínimamente atractivas a los operadores privados para movilizar el suelo con el objetivo de aumentar sustancialmente la construcción de vivienda protegida y achacan a las condiciones excesivamente rígidas del Botánico la casi nula construcción de VPO en sus ocho años de gestión.
El decreto aprobado por la Generalitat Valenciana en 2024 es el mismo que eleva la renta mínima para que un particular o unidad familiar pueda acceder a una vivienda protegida a los 54.600 euros (46.800 con el Botánico), con posibilidad de llegar a 66.000 euros si se cumplen una serie de requisitos. La normativa aprobada por el PP también eleva en 200 euros, hasta los 2.400 euros, el precio del metro cuadrado de la vivienda protegida.