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Los alcaldes de los municipios afectados por la dana reclaman en Bruselas instrumentos legislativos concretos para acelerar la reconstrucción. Los alcaldes socialistas de la provincia de Valencia participan este miércoles en unas jornadas organizadas por los Socialdemócratas de la Eurocámara para abordar el futuro inmediato de sus municipios, los fondos disponibles y sus dudas sobre cómo acceder a ellos. En el encuentro, a cargo de las eurodiputadas Sandra Gómez y Leire Pajín, una veintena de alcaldes acompañados por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se reunió con los responsables de la Dirección General de Política Regional y Urbana, que gestionan recursos como los fondos Feder o el mecanismo de solidaridad, ayudas millonarias para paliar los daños de las catástrofes.
Los municipios dañados por la riada disponen de una cantidad ingente de fondos europeos, que tienen sus particularidades, como una justificación detallada, plazos limitados y memorias que acompañen las actuaciones. Se estructuran, grosso modo, en dos mecanismos: los fondos FEDER -reasignados en el último año para paliar la catástrofe- que implican en conjunto 700 millones de euros, y el mecanismo de solidaridad, que se aprueba definitivamente este jueves en el pleno del Parlamento Europeo y sumará un montante de 946 millones de euros. Los fondos solidarios sirven para reconstruir lo que había antes del desastre o el alojamiento temporal de las personas desplazadas, que permiten reembolsar los gastos que se asumen desde el principio, y se gestionan a través del Gobierno de España.
Esa batería burocrática genera grandes trabas a los ayuntamientos, que en muchos casos se vieron por completo arrasados por el agua y tienen dificultades para justificar algunos gastos.
Los alcaldes del PSPV no han temblado en plantear sus reivindicaciones. Agradecidos por los fondos, reclaman medidas legales para contextos de emergencia o flexibilidad de plazos, teniendo en cuenta la catástrofe. Ha sido el caso de la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent; el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján; el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar; o el de Riba-Roja del Túria, Robert Raga.
Les preocupan los plazos y la escasa capacidad que tienen, a nivel de personal, para poder cumplir plazos y presentar los proyectos como corresponde. Reclaman medios humanos y formación técnica para poder reconstruir. Pero, aparte, se topan con otro problema: hay que levantar pueblos enteros en los que vive gente, y no se puede desplazar a poblaciones de 30.000 habitantes. En este sentido hablaba Silvent (Catarroja), apuntando que son “ciudades consolidadas” y hay que tener en cuenta a los vecinos, que siguen viviendo allí, y que necesitan sus infraestructuras públicas para poder desarrollar su cotidianidad. La alcaldesa de Catarroja ha destacado que “no es un problema de falta de fondos, es de capacidad de gestión. Necesitamos personal que sepa gestionar esta magnitud”. En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Paiporta, que ha destaco que “todo se tiene que hacer donde viven personas. No se puede coger y abrir el pueblo”. Y eso condiciona los plazos: “No vamos a llegar”, si la convocatoria se limita a actuaciones de 2027 o 2030. La dana obligará a replantear todos los municipios afectados y a reconstruirlos como si fuera desde cero, con la particularidad de que hay que seguir viviendo en ellos.
Raga, alcalde de Riba-Roja, planteaba que en el cálculo de los mecanismos de emergencia debe tener en cuenta la inflación de los precios, los materiales de construcción y la escasez de mano de obra. Y afirmó que los alcaldes se encuentran con mucha “frustración” por no poder afrontar la reconstrucción con la celeridad que sus vecinos requieren. En la misma línea, Luján, alcalde de Aldaia, planteaba una reforma de las leyes de contratación para adaptarlas a un contexto de emergencia como el actual, que requiere de plazos amplios. “Mientras no hay [reconstrucción de las infraestructuras], no hay nada, y eso es la recuperación emocional y social de nuestros vecinos”, apuntó.
Según trasladaron desde el grupo socialista, se habilitan mecanismos como el Copernicus, que permitió hacer una radiografía desde el minuto uno de la catástrofe y podrá ayudar a realizar esas memorias para la reconstrucción. También Bernabé señaló que el Gobierno central asumirá parte de las partidas que no obtengan financiación europea, consciente de que de muchos ayuntamientos no quedaban ni las paredes en pie tras la dana. Apuntó además que se han puesto en marcha mecanismos propios como las encomiendas a Tragsa para acelerar cuestiones básicas en las infraestructuras.