El juicio al urbanismo de Alicante evidencia la relación obscena entre los exalcaldes del PP y el promotor Enrique Ortiz

Si un ciudadano de a pie se hubiera sentado frente al televisor a seguir el interrogatorio al promotor Enrique Ortiz en el juicio por el presunto amaño del plan general de Alicante hubiera tenido que recoger sus cejas del suelo en varias ocasiones. Sin conocer la gravedad de los hechos ni el escrito de acusación del fiscal Anticorrupción, este vecino no hubiera cabido en su asombro ante la obscenidad que pudo alcanzar la relación entre el alcalde de su municipio y un empresario que se puede convertir en multimillonario con una decisión política. Pero cuando uno conoce los pormenores del caso y los antecedentes del investigado, autor confeso de la financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana, ese asombro mutaría con toda seguridad en indignación.

Ortiz, sin reconocer ningún delito, al contrario de los que había hecho hace unos meses, ha confesado intermediaciones para los exalcaldes de Alicante del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, para el alquiler de aviones, la contratación en su empresa de amigos, regalos para amigos de los políticos y hasta fiestas privadas en su vivienda particular y su yate. Ante este relato obsceno de las relaciones entre dos gestores públicos y una parte interesada, el ciudadano, que paga sus impuestos, no puede más que poner el grito en el cielo.

Enrique Ortiz ha sido Enrique Ortiz, el que en los pinchazos de la Guardia Civil reconocía ser una “polla insaciable” en busca de proyectos urbanísticos. Ortiz se ha olvidado de que había llegado a un acuerdo hace meses con el Fiscal Anticorrupción donde recogía los hecho imputados, un arrepentimiento que duró hasta que se anularon las escuchas en otro juicio del caso Brugal, y ha negado todos los hechos que durante el jucio tendrán que apuntalar las acusaciones. Lo que ha hecho Enrique Ortiz es evidenciar con gran cantidad de muestras que la relación entre el principal promotor de Alicante y los dos exalcaldes del PP distaba de ser democráticamente sana.

El Fiscal Anticorrupción ha preguntado a Ortiz si la exalcaldesa Sonia Castedo, antes concejal de Urbanismo con Luis Díaz Alperi, había cenado en su casa. La respuesta ha sido un reconocimiento expreso, que además apuntalan fotos de la política y el empresario pasando la nochevieja en Andorra o grabaciones de ambos en una fiesta celebrada en un yate del promotor. “He ido a su casa y ellos han venido a la mía”, ha dicho respecto al la exalcaldesa y su marido, trabajador de las empresas del propio Ortiz. “Muchos alcaldes han venido a comer a mi casa y hemos hablado de trabajo, de política”, ha sentenciado. El promotor ha defendido que conocía a la pareja antes de entrar en política. “Con Alperi solo tuve relación cuando fue alcalde, porque cuando llegó yo era conocido como el contratista del PSOE y no me tenía mucha simpatía”, ha expresado. Fue “tras una riada” cuando se “ganó la confianza” del exedil popular, ha dicho.

“Píntamelas de azul”

Ortiz se ha negado en un principio a ser preguntado por las escuchas telefónicas “porque puede llevar a conclusiones erróneas” y ante las quejas del fiscal, la presidenta del tribunal que juzga la causa ha dado la razón al empresario en su derecho a no declarar. Posteriormente y durante el interrogatorio, el promotor sí que ha entrado a puntualizar o aclarar algunas de los audios que lo implican directamente en operaciones. Como cuando el fiscal le ha preguntado por unas conversaciones incriminatorias en las que el empresario pedía que “pintaran de azul” un suelo de su propiedad para convertirlo en urbanizable con el correspondiente incremento de valor. “Le dije píntamelas de azul, porque no creo que se pinte de ese color, y pedí que se incluyeran en el PGOU. Se lo pedí como urbanizador de Rabasa”, ha dicho. En esa misma respuesta ha reconocido que entregó unos planos al alcalde de Alicante. “Yo a Alperi le di un plano de Rabasa de tres fincas que se habían quedado fuera del plan general. Hablé con Castedo y ella me dijo que Alperi se lo había dado”, ha explicado aunque ha descargado cualquier responsabilidad: “No lo hicieron. Presentamos alegaciones, aunque que yo lo pida no significa que sea delito. Nos rechazaron todas las propuestas”.

Por su parte, el exalcalde de Alicante, el 'popular' Luis Díaz Alperi, ha afirmado que “de ninguna manera” benefició al empresario Enrique Ortiz durante su etapa en el consistorio con el Plan General de Urbanismo (PGOU) y ha negado haber recibido regalos o viajes por parte de este último.

La declaración de Alperi, quien se enfrenta a una pena de 10 años de cárcel, apenas se ha prolongado más de diez minutos puesto que únicamente ha querido responder a las preguntas formuladas por su letrado. Ha señalado que “de ninguna manera” actuó para favorecer a Ortiz en sus intereses urbanísticos ni con el PGOU, ni intermedió entre el empresario y los técnicos del ayuntamiento.

Ha negado haber dado algún documento a Ortiz sobre el PGOU mientras se estaba estudiando o haber recibido algún regalo o viaje abonado por el empresario. Tampoco ha pagado los pisos de sus hijos, ha dicho, ni ha disfrutado de ningún palco en el Hércules.

Previamente a Alperi, Ortiz ha afirmado al tribunal que la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) no le “apañó” nada --en relación con el presunto amaño del Plan General de Urbanismo (PGOU)-- aunque tenía una relación “muy buena” con ella que incluía comidas en su vivienda, así como con otros alcaldes: “Muchos han venido a mi casa, hemos hablado de trabajo, de política y de todo, y eso no es nada fuera de lo normal”, ha dicho.

Ortiz, que se enfrenta a ocho años de prisión, ha dicho sobre Alpero que medió para que consiguiera un avión para viajar a Creta. “Ni lo pagué ni tampoco lo llevó quien recomendé”, ha dicho en referencia al empresario Vicente Cotino. Sobre los presuntos amaños, el empresario ha comentado que Sonia Castedo no le “apañó” nada ni le facilitaron ningún plano del PGOU. “No me han dado nunca nada. Ni Castedo, ni Alperi ni los técnicos cuando estaba secreto”, ha reiterado. También ha indicado que nunca ofreció dinero para reclasificar nada “a ninguno”: “Nunca he dado nada ni me han pedido nada”, ha aseverado.

A este respecto, preguntado por una conversación de 2008 en la que Castedo le comenta que le había “apañado” lo del estado del Rico Pérez, el acusado ha dicho: “A mí no me apañó nada. No sé a qué se refería”. Sobre este proyecto, ha explicado que el campo salió a subasta porque “estaba hecho un desastre”: “El Ayuntamiento decidió quitárselo de encima y sacarlo a subasta y solo me presenté yo”, ha dicho.

Lo estudiaron y se comprometieron a hacer obras en el estado por valor de cuatro millones, pero luego los técnicos valoraron que iba a costar el doble, e hicieron las obras necesarias. Preguntado por si lo adquirió para que fuera recalificado el suelo, ha contestado que “no, nunca”. “No había ninguna operación especulativa ni para ganar dinero ni nada. Lo que se ganaba era para hacer un estadio de calidad”.

Y ha proseguido: “Esto no era un capricho. Era una necesidad para el Hércules, para el club de la ciudad que estaba a punto de ascender a primera división”. Así, interpelado por si invirtió el dinero a fondo perdido, ha dicho: “Hacemos muchas cosas a fondo perdido. La empresa se involucra en temas sociales de la ciudad. Para mí el Hércules era un tema social, lo compré y lo he mantenido hasta hoy. Y no me gusta el fútbol, pero hay gente que tiene los sentimientos puestos en el club y eso es más importante”, ha insistido.

El juicio por el PGOU de Alicante no es solo sobre el urbanismo y las malas prácticas en la quinta ciudad más importante de España, sino una prueba a toda una generación de políticos y empresarios de la construción.