Los diputados de las Corts Valencianes trabajarán casi hasta el último minuto de la legislatura. El último pleno del Parlamento autonómico, organizado apenas unos días antes de la previsión para que la Cámara se disuelva, lleva consigo uno de los órdenes del día -de los días- más largos que se recuerdan. Está previsto que el Parlamento valenciano termine su actividad el 4 de abril para la convocatoria de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, coincidiendo con las municipales.
Decretos, leyes, comisiones de investigación, dictámenes y varios informes caben en la última jornada de sus señorías. El pleno, que se inicia el 29 de marzo, arrancará con toma de posesión de Juan Luis Baixauli, del PSPV, que tomará el cargo de diputado para ejercerlo activamente durante seis días, en sustitución de David Calvo, nombrado director general en la Conselleria de Vivienda. Esta jornada será suficiente para que el diputado fugaz participe en una decena de votaciones. Tras la Junta de Portavoces que establece los temas a tratar, algún parlamentario bromeaba con que habrá que llevar un túper para no decaer durante la sesión.
En el llamado 'pleno escoba', porque sirve para barrer algunos asuntos pendientes de la legislatura, se examinarán dos informes de fiscalización, el de las Corts Valencianes y el de la Generalitat Valenciana, se votará el decreto ley de emergencia habitacional y contra el acoso inmobiliario, el decreto de la ley de cooperativas y el decreto de ayudas al sector audiovisual. Junto a ellos, se votarán la Ley de Despoblación, la ley de Viviendas Colaborativas y la ley de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo, todas ellas impulsadas por el Consell.
El hemiciclo debatirá también varias proposiciones de ley que amenazan con dividir el voto de los grupos del Botánico: de una lado, está la proposición de ley sobre financiación autonómica, presentada por Compromís con el apoyo de Unides Podem, un traslado de la que el Congreso rechazó debatir. La propuesta reclama un cambio del modelo de financiación autonómica valenciano y compensaciones por la insuficiencia financiera acumulada.
Por otro lado, están las propuestas del PSPV en materia de prostitución. El grupo socialista ha presentado una modificación legislativa para sancionar la prostitución en locales y eliminar anuncios en carreteras, que defiende como una medida contra la violencia machista. La medida, que modifica dos leyes, implica suspender la licencia a los locales que permitan o fomenten la “solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos” o multas y posibilidad de clausura del local si se realizan las mismas prácticas, “aun con el consentimiento de quien los presta” aunque “en ningún caso” se sancionará “a la persona que se ofrezca a prestar los servicios sexuales”. La propuesta se ha hecho por la vía de urgencia y por el procedimiento de lectura única, que no convence a Compromís y Unides Podem. Sus socios prefieren que la norma esté abierta a debate y a enmiendas, dada la vulnerabilidad de las personas a las que afecta; en su mayoría mujeres víctimas de explotación sexual, migrantes en situación administrativa irregular o personas trans -y, a menudo, una suma de varias de estas características-. Algunos parlamentarios consideran que la ambigüedad de la terminología debe examinarse para no perjudicar a aquellas personas a las que pretende proteger.
El pleno abordará también la elección del presidente del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Después de escoger a Miquel Francés para el cargo, los grupos han previsto hasta tres sesiones parlamentarias para alcanzar la mayoría legal prevista y ratificar al profesor de Comunicación Audiovisual como máximo responsable de los medios de comunicación públicos. La primera votación necesita 66 diputados -es decir, un pacto con la oposición-, mientras que a la tercera basta con los grupos de gobierno.
La oposición también quiere aprovechar el último pleno y lleva el debate la totalidad de la ley de diversidad familiar, un proyecto de la vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Aitana Mas. PP y Vox argumentan que la norma contradice la estatal, actualmente en tramitación. Asimismo, debatirán la creación de una comisión de investigación de una parte del caso Azud, presentada por el PP, que acaba de personarse en la causa. Pese a que la trama afecta al entorno de Rita Barberá y a exmiembros del PSPV, esta propuesta solo abarcará las campañas de los socialistas. En Compromís y Unides Podem meditan si prestar su voto a esta comisión, que decaerá tan pronto como se apruebe, debido a la disolución de las Corts Valencianes. Por último, el pleno aprobará el dictamen de la comisión de estudio de discapacidad.