El PP acusa al Consell de discriminar a los castellanohablantes en la función pública
La Portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha denunciado que el Consell “quiere imponer un sesgo lingüístico, al imponer el valenciano como barrera selectiva para el acceso de los ciudadanos valencianos a cargos y funciones públicas, obligando a su uso en el ámbito público”.
La diputada ha anunciado que el GPP ha presentado alegaciones al Proyecto de Decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat, al considerar que introduce el valenciano “como filtro excluyente”. “El Consell ha de garantizar el uso normal y oficial del valenciano y el castellano, sin discriminar a nadie por razón de su lengua. A nadie, pues los derechos son de las personas, no de los territorios. Hayan nacido donde hayan nacido, y vivan donde vivan”, ha indicado Ferrer San-Segundo en un comunicado.
Ferrer San-Segundo ha señalado que “el valenciano puede ser requisito obligatorio en puestos de trabajo en que el perfil lingüístico esté justificado y también, por supuesto, un mérito valorable en la baremación. Pero no puede ser un impedimento sine-qua-non, que discrimine y bloquee el acceso a funciones o cargos públicos a las personas cuya lengua materna es el castellano. Máxime en la Administración de Justicia, en que hay cuerpos de procedencia estatal”.
La diputada popular ha explicado que “el derecho a no ser discriminado por razón de la lengua, incluye la facultad de expresarse en público en el idioma, de entre los dos cooficiales, en que el ciudadano tenga mayor competencia lingüística, por lo que resulta contrario a Derecho exigir a personal y cargos públicos utilizar el valenciano en todas las intervenciones”.
Para la portavoz popular “las referencias continuas a ”las comunidades autónomas del mismo dominio lingüístico“ en el decreto, introducen una valoración extrajurídica que puede causar conflictos en la práctica. Con ello no se protege al valenciano, sino que se persiguen objetivos políticos no compartidos, ni votados, por los ciudadanos de la Comunitat”.
Además, el Decreto de uso de lenguas en la Generalitat, “rompe la unidad de mercado” al imponer etiquetaje e instrucciones en valenciano. “No se puede obligar a todos los contratistas y proveedores a emplear el valenciano en documentación, incluso el etiquetado e instrucciones de uso, lo que, además, encarece los costes, con incidencia negativa en la economía y, por tanto, el empleo”, ha subrayado.
Ferrer San-Segundo ha señalado “numerosas carencias jurídicas del Proyecto, en cuanto contiene prescripciones y lagunas que afectan a la seguridad jurídica y causan indefensión a los ciudadanos. La portavoz se ha preguntado qué ocurre con los plazos dados para contestar, o cumplir, una resolución recibida, cuando el ciudadano quiera expresar su voluntad de que se le envíe escrita en la otra lengua oficial. ¿Se suspenden o siguen corriendo? Nada se dice ni se regula en el Decreto”, ha destacado la jurista, diputada del PPCV.
“Con el Proyecto de Decreto de usos de lenguas en la Administración de la Generalitat, se está copiando el modus operandi, de inmersión institucional, que ha desplegado el nacionalismo en otros territorios, cuyo resultado, por cierto, años después, no ha sido la convivencia pacífica de lenguas oficiales, sino la imposición, e incluso secesión, y no solo lingüística. No puede ser, pues, un modelo a seguir para la Comunitat, ni para sus ciudadanos”, ha manifestado la portavoz popular.
María José Ferrer San-Segundo ha recordado que el informe de la Comisión de Expertos para la Modificación de la Ley 10/2010, de la Función Pública Valenciana, advierte que exigir “el conocimiento del valenciano como requisito general para el acceso a la función pública” es una cuestión “propiamente política”, porque “está estrechamente ligada a los valores, principios y modelos sociales que resulten preferibles o mayoritariamente apoyados”, por lo que se exhorta a “alcanzar el mayor consenso político y social al respecto, que es lo que puede asegurar la estabilidad de la legislación aplicable”.
“Y el modelo social de exclusión del castellano que contiene el Proyecto de Decreto, además de antijurídico, ni resulta mayoritariamente apoyado o extendido ni, desde luego, ha sido fruto del consenso político y social”, ha concluido la portavoz popular.
