Los primeros testigos responsabilizan ante la jueza a la exedil de Urbanismo del PP del descontrol en las VPO de Alicante

La primera testigo que declara en la causa que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas protegidas en Alicante ha responsabilizado directamente a la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del descontrol del que alertaron los técnicos.

Se trata de la funcionaria Paloma Romero, jefa del servicio municipal de Gestión Patrimonial, que también ha apuntado a María Pérez-Hickman, exdirectora general municipal de Contratación Pública cuyos dos hijos y un sobrino obtuvieron sendas viviendas en el residencial Les Naus, como la encargada de los contratos privados. “Siempre los llevaba” Pérez-Hickman, ha afirmado la testigo, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical. 

Por otro lado, Romero ha refrendado que la empresa de Les Naus (una de las cinco que optaba al proceso) se presentó a la licitación pública al día siguiente de la publicación de los pliegos. Entre 2022 y 2025, el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, no nombró a “nadie” para “controlar técnicamente” la obra.

Los técnicos, ha apostillado la testigo, lo solicitaron “muchas veces”, incluso a la concejala de urbanismo, Rocío Gómez, según ha destacado.

El baile de informes en el expediente

Paloma Romero también ha asegurado que ella no hubiera permitido la actuación de Francisco Nieto, arquitecto municipal, “si hubiera sabido que se le adhirió a la cooperativa Les Naus”.

Por otro lado, también ha expuesto que existen informes en el expediente municipal que son meros borradores elaborados por ella y por Pablo Torregrosa, técnico de Gestión Patrimonial, que no están firmados y que “no deberían estar ahí”.

Romero también ha dicho que desconocía por qué el informe final, firmado por ella y por Torregrosa, omitía los nombres de los implicados en las adjudicaciones, que sí que figuraban en los borradores iniciales. El primer escrito, con los detalles sobre los beneficiados y las presuntas irregularidades detectadas, fue remitido al alcalde, Luis Barcala.

Pidieron “constantemente” a la edil que se asignara un técnico

Por su parte, el segundo testigo, Pablo Torregrosa, ha manifestado que, desde 2022, pidieron “constantemente” a la concejala Rocío Gómez que les asignaran un técnico arquitecto sin recibir una respuesta clara.

Además, también ha asegurado que el arquitecto municipal, adjudicatario de una de las viviendas, no podía en ningún caso ejercer de responsable del contrato ni mencionó que estaba vinculado a la cooperativa de Les Naus. El aludido, Francisco Nieto, se ha escudado en que se apuntó a la cooperativa previamente a incorporarse al puesto y ha alegado que no usó su condición de funcionario público para hacerse con la vivienda de Les Naus.

Torregrosa también ha dicho que el promotor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana (administrador único de la mercantil Fraorgi e investigado en la causa) dijo en las reuniones que mantuvo con los funcionarios que había pagado mucho por el suelo y les exigió una compensación económica o que le adjudicaran otra parcela.

Tanda de declaraciones de investigados

La jueza instructora de la causa, que ha excluido a la Generalitat como acusación particular al ver un “evidente conflicto de intereses”, citó este miércoles a declarar a una importante tanda de investigados, además de la exconcejal Rocío Gómez y la alta funcionaria María Pérez-Hickman. Se trata del arquitecto municipal, Francisco Nieto; el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la conselleria, Francisco Palencia (alto funcionario de la Generalitat Valenciana encargado de visar los expedientes cuya pareja —arquitecta municipal—obtuvo una de las viviendas), y el promotor de la cooperativa de Les Naus, Francisco Ordiñana.

Tras la testifical de la funcionaria, la jueza instructora ha adelantado la declaración como investigado del arquitecto municipal. Otros dos funcionarios están citados como testigos, al no haber acudido a la primera testifical acordada para el pasado 8 de mayo (la magistrada tuvo que enviar a la Policía entregar la citación).