La jueza de las VPO de Alicante deniega a la Generalitat su personación al ver un “evidente conflicto de intereses”
La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública en Alicante ha denegado la personación como acusación particular de la Generalitat Valenciana al ver un “evidente conflicto de intereses”.
La magistrada, en un auto del pasado martes, recuerda que la Generalitat “aparece vinculada funcional u orgánicamente a los hechos y personas investigadas, o bien ostenta competencias relacionadas con el ámbito material en el que aquellos se produjeron”.
La resolución, tal como pedía la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Ciudadanos, deniega la personación de la Generalitat al detectar un conflicto de intereses “incompatible con el ejercicio de la acción penal”.
“Esta circunstancia compromete la exigencia de objetividad que debe presidir la actuación de las Administraciones Públicas y resulta incompatible con el ejercicio de la acción penal como parte acusadora pudiendo generar una quiebra del principio de igualdad de armas y del derecho a un proceso con todas las garantías”, afirma la jueza María Amparo Rubio, titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
La magistrada instruye una causa en la que 15 personas figuran como investigadas, entre ellas la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, y varios funcionarios, por la polémica adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus.
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