El pasado 6 de mayo, el rey Felipe VI visitaba el campus de la Universitat Jaume I de Castelló para participar en la clausura de la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana (CEV). Al monarca le esperaba una protesta convocada con el lema 'Qua caiga la monarquía', una concentración que fue disuelta por la Policía Nacional. La intervención policial acabó con dos detenciones, 36 personas identificadas, 33 propuestas de sanción por la Ley Mordaza y otras 14 por saltarse las medidas anti-COVID.
Así se desprende de la respuesta del Gobierno a las preguntas realizadas por el senador de Compromís Carles Mulet, quien lamenta que el Ejecutivo no haya pedido “disculpas” por una actuación que califica de “desproporcionada”, “lamentable” y “absurda”. El escrito del Gobierno apunta que no se produjo ninguna carga policial, “sino que se produjo un intento de diálogo con los concentrados, recibiendo a cambio insultos y empujones, con intención de sobrepasar el cordón de seguridad, por lo que fueron embolsados y reconducidos fuera de la zona de conflicto”.
El senador valencianista critica que se “impedía” el derecho de manifestación o concentración en un caso, mientras sí que se le “permitía” a un “grupúsculo de monárquicos”, así como la llegada de autobuses fletados al recinto universitario. Así mismo, lamenta Mulet que no se responda a otras cuestiones, como sobre las instrucciones que se dieron a la Policía Nacional por parte de la delegación o subdelegación del Gobierno “para que cargasen contra los estudiantes”; sobre el “cese” de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; o el coste del despliegue policial y del viaje de Felipe VI y su equipo a Castelló, entre otras cuestiones.