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En la Comunitat Valenciana apenas hay médicos objetores de conciencia en el sistema público, pero este no asume las interrupciones voluntarias del embarazo. En los últimos años se aprecia una constante en la estadística: los abortos en la sanidad pública no llegan al 10%. En otras palabras: casi el 90% se derivan al sistema privado, pese a que no habría una razón profesional para ello.
Del total de 9.968 interrupciones voluntarias realizadas en la Comunidad Valenciana, solo 995, aproximadamente un 10%, han sido en centros públicos. Los datos proceden de la Conselleria de Sanidad en una respuesta a una pregunta parlamentaria de Compromís, que solicita reiteradamente estas estadísticas desde hace más de dos legislaturas.
El resto de intervenciones se realiza en centros privados, de las cuales 6.576 (un 66%) han sido financiadas por la administración pública y 2.397 (24%) no tuvieron ningún tipo de ayuda. La coalición denuncia un evidente “descontrol” en las derivaciones en centros privados y una “desprotección” de los derechos de las mujeres en términos reproductivos.
La diputada de Compromís Mónica Álvaro, especializada en temas de igualdad, indica: “Con los datos que hemos analizando comprobamos que sigue existiendo una tremenda desprotección hacia las mujeres, especialmente hacia las mujeres alicantinas en la hora de acceder en un hospital público para una interrupción voluntaria del embarazo”. La parlamentaria cuestiona que “existe una falta de voluntad en la consellería y en las direcciones de servicio en la hora de posibilitar las IVE en centros públicos como marca la ley”,
“La mayoría de centros públicos no realizan ningún IVE cuando apenas presentan objetores de conciencia entre los profesionales. El descontrol en las derivaciones en centros privados es evidente y tenemos dudas de que incluso sea beneficioso a nivel económico para la administración”, apunta la parlamentaria en un comunicado, en el que subraya que los casos son especialmente notables en los hospitales de Alicante. “Exigimos en los hospitales públicos alicantinos y consellería que igualen los derechos de las mujeres de las comarcas alicantinas, sean de Dénia, Orihuela, Alicante o Benidorm para que tengan garantizados sus derechos sexuales como lo tienen las mujeres de Xàtiva, Vinaròs o València”, sentencia.