Arrastrando el desastre

Cae el comisionado del Gobierno y el presidente de la Diputación se desdice

La dana devasta también la política valenciana

El recuerdo de la catástrofe del 29 de octubre de 2024, con las grandes inundaciones causadas en varias comarcas valencianas por las precipitaciones de una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, una dana de intensidad poco frecuente probablemente debida al fenómeno del cambio climático, aplasta cualquier pretensión de hacer balance del curso que ahora acaba. El intento de sobrellevar el peso colectivo de la tragedia con la evocación de los actos heroicos anónimos y la gran demostración de solidaridad que protagonizó la ciudadanía en aquellos días se hace casi imposible ante la evidencia de que no habríamos tenido que lamentar tantos muertos, 228 víctimas, si el sistema de emergencias hubiera actuado con la diligencia debida.

Contamos ya la novena manifestación masiva, celebrada esta vez en Catarroja, uno de los municipios con más víctimas en la zona cero del desastre, para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, dramáticamente ausente del puente de mando aquel aciago día, incapaz de ofrecer una explicación verosímil de dónde estuvo y por qué llegó tan tarde al centro de coordinación de la emergencia. Condiciona la política valenciana en su conjunto la continuidad del dirigente del PP como jefe del Consell, sostenido por el cálculo partidista de la extrema derecha de Vox y la falta de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que en una reunión con asociaciones de damnificados asumió que no puede cesarlo y apoya que siga, pese al grave descrédito que arrastra.

La deteriorada imagen de Mazón, a quien las víctimas de la dana van a seguir reclamando responsabilidades (“Con Mazón no habrá verdad, justicia, reparación ni reconstrucción posible”, escribieron en una carta la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción) contrastó en un principio con las de otros, pocos, cargos de su partido, entre ellos el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, que dio la cara en el programa Salvados, de la Sexta, emitido un mes y medio después de la catástrofe, para acabar desmintiéndose ahora sobre lo que supo en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de aquella tarde trágica.

Realineado con el argumentario de su partido, Mompó se desdice y apunta en sus declaraciones judiciales a los técnicos del sistema de emergencias para intentar salvar la responsabilidad de Mazón y de la exconsellera de Justicia Salomé Pradas, que desempeñaba por ley el mando único en aquel trance. Y es que, si no fuera por la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que ha emprendido la instrucción del caso con determinación y diligencia, una absoluta confusión reinaría a estas alturas sobre unos acontecimientos incompatibles con cualquier intento de eludir la depuración de negligencias.

En ese ámbito, el de la instrucción judicial de la dana, ha llamado la atención estos últimos días un informe de la Guardia Civil que arremete contra la Confederación Hidrográfica del Júcar porque cree que en el “peor momento” de la dana no controló el caudal del Poyo. Resulta llamativo que el Instituto Armado ignore en ese documento los datos públicos sobre lluvias en ese barranco. Un hecho que la jueza le ha recriminado en un auto en el que rechaza de nuevo la existencia de un “apagón informativo” como viene sosteniendo el PP desde que Mazón quedó en evidencia por sus mentiras y falta de explicaciones.

Esa orientación sesgada está presente también en el plan de recuperación y reconstrucción presentado por el vicepresidente segundo de la Generalitat, el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, que reconoce “limitaciones” y “demoras” en la gestión de la dana y culpa al Gobierno de Pedro Sánchez. Gan Pampols es el fichaje que hizo Mazón tras la dana con la idea de dar más prestancia al plan de recuperación tras la catástrofe. Un documento cuya redacción encomendó el militar retirado a la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC), contratada por la nada despreciable cifra de 2,2 millones de euros para la asistencia técnica.

De origen colateral, pero con impacto indiscutible en la resaca política de la dana, la noticia de que la Agencia Valenciana Antifraude había trasladado a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el comisionado del Gobierno, José María Ángel, porque habría falsificado un título para convertirse en funcionario de la Diputación de València en los años ochenta del siglo pasado, ha desembocado en su dimisión de ese cargo y de la presidencia del PSPV. El denunciado se apresuró a negar la existencia de irregularidades. Sin embargo, el hecho de que la investigación salpicara a dos altos funcionarios de la institución provincial y a su pareja, también funcionaria de la corporación provincial, le ha llevado a abandonar. Inscrito en un fenómeno de falsificación de currículos que afecta a algunos miembros de la denominada clase política en España, el asunto amenaza con el cuestionamiento de los currículos y títulos de otros cargos públicos en las instituciones valencianas, que serán irremediablemente revisados por unos y otros.

Este es el panorama cuando llegan la vacaciones estivales. Un mes de agosto cuyo supuesto efecto balsámico parece más dudoso que nunca, a la vista de la cantidad de desorden que acumula para septiembre la vida pública valenciana.

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