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“A pesar de que en los últimos años se han movilizado instrumentos financieros y normativos relevantes para incrementar la oferta de vivienda protegida, la Comunitat Valenciana continúa presentando un déficit estructural, con un parque público reducido y con riesgos de ejecución que amenazan el aprovechamiento pleno de los fondos europeos y estatales”. Así se recoge en el informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de Comptes en coordinación con el Tribunal de Cuentas sobre la promoción y gestión de la vivienda de protección pública en el territorio valenciano en los ejercicios 2023 y 2024, y proyección de actuaciones hasta el presente ejercicio.
El trabajo de fiscalización se articuló en torno a siete objetivos: desde el análisis de la necesidad y la oferta de vivienda hasta la autorización y ejecución de actuaciones, la movilización de fondos, el registro de solicitantes y viviendas y los procedimientos de adjudicación. Así, la Sindicatura explica que, pese a que el marco normativo y procedimental es, en general, “adecuado”, la ejecución práctica “presenta retrasos, falta de planificación estratégica consolidada y deficiencias en el control y el seguimiento y digitalización”.
Las convocatorias de subvenciones analizadas por la institución cumplen con la normativa aplicable, aunque indican que la dependencia de procedimientos manuales y la falta de integración en la plataforma estatal de seguimiento “aumentan el riesgo de demoras en la justificación de fondos”. En cuanto al diseño normativo de las convocatorias, sostienen que es “sólido”, porque incluye garantías, penalizaciones y obligaciones registrales, mientras que la ejecución material se caracteriza por “avances desiguales y riesgo de incumplimiento de hitos críticos”.
Asimismo, la Sindicatura confirma un “esfuerzo” por la ampliación del parque público de viviendas, “aunque todavía insuficiente ante las necesidades detectadas”. Del mismo modo, se corrobora la existencia de normativa extensa para regular el registro de demandantes de vivienda y el parque público autonómico, gestionado por la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (Evha), “pese a que persisten deficiencias en el control interno, la actualización de datos y la consistencia de las cifras”.
El análisis de los procedimientos de adjudicación contó con la muestra de expedientes remitidos por la Conselleria que tenía asignadas las competencias en materia de vivienda: “Se cumplen los requisitos establecidos por la asignación ordinaria de viviendas de protección pública, pero se identifican riesgos en la aplicación de procedimientos excepcionales de adjudicación, en los que la transparencia y la trazabilidad de los criterios aplicados resultan más limitados”.
Recomendaciones de la Sindicatura
La Sindicatura de Comptes desarrolla una serie de recomendaciones en su informe de fiscalización, como la mejora de la planificación estratégica de la política de vivienda “con objetivos realistas, priorizados y sostenidos en el tiempo”; también solicita un refuerzo de la capacidad de gestión y control de la Conselleria de Vivienda y la Evha mediante sistemas de información integrados y digitalizados.
La institución reclama que se asegure la ejecución en los plazos previstos de las actuaciones financiadas con fondos europeos, evitando la pérdida de recursos por incumplimiento; optimizar el registro de solicitantes y viviendas, así como que se garantice su actualización y fiabilidad como instrumentos de gestión.
De igual modo, demanda el fortalecimiento de la transparencia y equidad en la adjudicación de viviendas, con un control sistemático de expedientes y, por último, la consolidación de la cooperación público-privada para “garantizar un flujo estable de nueva oferta de vivienda protegida”.