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Los antidisturbios de la Policía Nacional creyeron que el 6 de octubre de 2024, al inicio de una manifestación en solidaridad con Palestina convocada en València, “se estaba produciendo un incidente real” protagonizado por un hombre presuntamente armado y supuestamente con pinta de soldado israelí. Sin embargo, se trataba de una mera 'performance', una de tantas que se dan en manifestaciones o concentraciones. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), al parecer, no captaron el componente teatral y multaron a seis activistas con 601 euros por una supuesta infracción grave contemplada en la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como 'Ley Mordaza'.
Una de las seis propuestas de resolución del expediente sancionador, a la que ha tenido acceso elDiario.es, reseña como hechos “probados” que se trataba de un grupo de personas que “pretendía realizar una performance en una manifestación lícita y debidamente comunicada”. Los activistas usaban “uniformes militares con la bandera de Israel (elementos antagonistas a la temática de la manifestación), pintura roja simulando ser sangre y armas de fuego falsas”, relata el documento del pasado 3 de septiembre firmado por la secretaria general de la Delegación del Gobierno.
A los agentes de la UIP les generó “engaño” y creyeron que “se estaba produciendo un incidente real” al inicio de una marcha en la que participaron unas 10.000 personas, por lo que acabaron reteniendo e identificando a seis personas. “Todo ello provocó el retraso en el inicio de la manifestación de una hora aproximadamente con la consiguiente perturbación grave generada en el desarrollo de la misma”, concluye la resolución.
Hasta ahí la versión policial. Ahmed Hamdan, fundador y portavoz del colectivo 'Voces por Palestina' y uno de los seis activistas multados, cuenta una versión muy diferente. Asegura que la pistola usada en la 'performance' era claramente “de plástico” y que los agentes “cogieron directamente” al activista (y actor) caracterizado como un soldado israelí y “lo pusieron muy violentamente entre furgonetas de la Policía”.
Hamdan, aún sorprendido por el carácter kafkiano de la escena, recuerda que portaban los chalecos que les distinguían como parte del equipo organizador de la manifestación, convocada por colectivos como el movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) del País Valenciano. Él trató de mediar con los agentes de la UIP y “calmar los ánimos” y explicó que simplemente se trataba de una “performance con permiso” de la organización de la marcha y no de un incidente.
El colectivo ya había protagonizado la misma 'performance' en una manifestación anterior —el 13 de abril de 2024— sin mayor problema (las fotos que ilustran esta información corresponden a aquella ocasión). La 'performance', según recuerda el activista, pretendía representar los ataques a la población palestina por parte del Ejército israelí.
Ahmed Hamdan también afirma que 'Voces por Palestina' cuenta con un “protocolo” para identificarse “sin resistirse de ninguna manera”. Los activistas fueron retenidos durante unos 40 minutos. La Policía, según afirma Hamdan, les dijo que tan solo iban a ser identificados y no multados.
“Simbología nacional israelí”
La UIP asegura que los activistas no contaban con autorización de los convocantes de la manifestación, bajo el lema de 'Un any del genocidi a Palestina', para interpretar la 'performance'. Por el contrario, los miembros del colectivo propuestos para sanción aportaron un certificado firmado por la organizadora de la manifestación, miembro del BDS, que afirmaba que la 'performance' no había propiciado perturbación alguna de la marcha.
Sin embargo, el inspector y el subinspector de la UIP que lideraron la actuación policial cuestionan que la “prueba” se aportó por parte de la organizadora de la manifestación ocho meses después de la manifestación, en una fecha “muy posterior a los hechos”. “La propia organizadora manifestó no tener conocimiento de la performance realizada por el grupo sancionado, lo cual ya se refleja en la propia acta-denuncia”, indica el documento de alegaciones de ambos agentes de la III Unidad de la UIP en València.
Las alegaciones, a las que también ha tenido acceso este diario, afirman que el parte interno que documenta cronológicamente la “intervención policial” desarrolla “de forma precisa, coherente y detallada los mismos hechos que motivan la incoación del procedimiento”.
Mientras que la representación jurídica de los activistas considera que fue una “actuación arbitraria” por parte de la Policía, los antidisturbios se escudan en su “plena presunción de veracidad” —aluden a “hechos directamente observados por agentes de la autoridad”— y reiteran que uno de los activistas “fue observado portando simbología nacional israelí y una réplica de arma corta, cuya culata asomaba visiblemente por la cintura”.
Una “amenaza verosímil” e “incluso un atentado”
También detallan la escena: “El agente actuante describe cómo el sujeto llegó a empuñar dicha réplica (aunque presuntamente fuese para mostrarla), lo que generó una amenaza verosímil que exigió una intervención inmediata, preventiva y proporcional, conforme a criterios operativos de autoprotección, defensa de terceros y mantenimiento de la seguridad ciudadana en un contexto de especial sensibilidad por la elevada alerta antiterrorista”.
Además, los agentes de la UIP aducen la “existencia de riesgo real” y defienden su “interpretación razonable del incidente”. En el acuerdo de incoación de la propuesta de sanción, la Policía describe la “acción realizada” como una “simulación de fuerza militar hostil con réplica de arma”. Los abogados de los activistas consideran que se trata de una descripción genérica que no detalla “con precisión” la conducta imputada, lo cual causaría “indefensión”.
Por el contrario, los antidisturbios lo tienen muy claro: la cosa podría haber acabado en tragedia (al menos en la percepción de los hechos por parte de los agentes). “En el contexto internacional y nacional del momento (con alerta antiterrorista elevada por el conflicto entre Israel y Palestina), la actuación policial fue proporcional, preventiva y razonable, en tanto se enfrentaba a una situación que podía haber sido perfectamente interpretada como un incidente crítico o incluso un atentado”, alegan.
Y es que, según apostillan, “no puede exigirse al agente la certeza absoluta en tiempo real, cuando la conducta exteriorizada encaja objetivamente en una amenaza grave e inminente”.
Un “arma” de “carácter simulado”
Las alegaciones reconocen que la supuesta “arma” era “de carácter simulado”. Sin embargo, la propuesta de sanción se centra en el retraso en el inicio de la manifestación como “consecuencia directa de la intervención”. “Este hecho”, según los agentes de la UIP, “constituye una perturbación real y efectiva del normal desarrollo del acto”, uno de los aspectos recogidos en la 'Ley Mordaza'.
Además del activista que portaba la “réplica de arma”, el resto de personas propuestas para sanción “fueron incluidas por dificultar la intervención policial, acercándose al cordón de seguridad, alzando la voz y exigiendo explicaciones tras haber sido informados, generando una crispación ambiental incompatible con la seguridad del evento, lo que obligó a los actuantes a apartarlos temporalmente para restablecer el orden”, según las alegaciones de la UIP.