Anticorrupción interroga a exempleados del Consorcio por las plazas a dedo en el Ayuntamiento de València y en el Puerto

La Fiscalía Anticorrupción tomó declaración este miércoles a un grupo de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 dentro de la investigación abierta tras denunciar Compromís que tanto la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) como el Ayuntamiento, de forma aparentemente coordinada, habrían habilitado una serie de plazas para recolocar de forma fraudulenta a algunos de los exempleados del ente en el momento de su liquidación en el año 2024.

La coalición valencianista considera en su escrito que hubo prevaricación y tráfico de influencias y apunta como responsables a la alcaldesa, María José Catalá, a las concejalas de Turismo, Paula Llobet, y Deportes, Rocío Gil, y a la presidenta de la APV, Mar Chao. Posteriormente, junto al PSPV, ampliaron la denuncia al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, tras el escándalo de los audios destapados por elDiario.es en los que ofrece información al personal del Consorcio sobre las plazas objeto de la investigación en una reunión de la que nunca se informó.

Según ha averiguado este periódico, los interregotarios realizados a varios de los extrabajadores se alargaron durante varias horas. Así, el fiscal puso especial interés en los procesos selectivos habilitados tanto en la Fundación Deportiva Municipal (FDM) como en Visit Valencia. En el primer caso, se activaron dos plazas a las que concurrieron A. G. y M. G., quienes también se apuntaron a otros dos procesos habilitados en la APV casi al mismo tiempo. Una vez se confirmó que se adjudicaron las plazas como directivas en el Puerto, renunciaron al proceso en la FDM que al mismo tiempo, lo dejó sin efecto.

En el caso de Visit Valencia, las pesquisas se centran en el posible incumplimiento de los requisitos del adjudicatario de la plaza, exempleado del Consorcio, puesto que se exigía que fuera empleado público en el momento de conseguirla. Sin embargo, el Consorcio se había liquidado semanas antes, concretamente el 16 de octubre de 2024.

El ministerio público también preguntó por los motivos que empujaron a varios exempleados del ente a dejar por escrito ante notario los nombres de A. G. y de M. G. como las que iban a resultar adjudicatarias de las plazas de la APV, como así fue, semanas antes de que se conociera el resultado del proceso selectivo.

Y ligado a esta cuestión el fiscal también se refirió a la declaración de la exjefa de Recursos Humanos del Puerto de Valencia, E. O., en el juicio que tuvo lugar este martes 19 de mayo en el que confesó que fue la propia presidenta del Puerto, Mar Chao, la que le facilitó unas bases redactadas de los procesos de selección que también investiga la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha avanzó esta redacción. E. O. afirmó además que, pese a los reparos que le mostró, Chao le dijo en un intercambio de correos que las publicara igualmente, rápido, haciendo los ajustes necesarios.

El juicio viene como consecuencia de una denuncia de UGT, que en su día también impugnó los procesos selectivos que acabaron con las dos exempleadas del Consorcio, A. G. y M. G., como directivas de la APV, al ver irregularidades en las bases.

Unas irregularidades que vienen recogidas en un informe de la Intervención General del Estado destapado por este periódico y que la defensa de la APV trató de evitar que se aceptara como prueba en la vista oral. “Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, afirma la Intervención.

Los interrogatorios del fiscal, que podrían prolongarse en las próximas semanas, dejan entrever que Anticorrupción está realizando una labor exhaustiva para recabar toda la información y documentación posible. Posteriormente deberá decidir si hay base suficiente como para trasladar una denuncia al juzgado.