Las tres presuntas irregularidades del Ayuntamiento y del Puerto de Valencia en las plazas a medida que investiga Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre procesos de contratación pública en dos organismos dependientes del Ayuntamiento de València y en la Autoridad Portuaria de València (APV). A raíz de una denuncia de Compromís, que apunta a posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, se indaga en la convocatoria de procesos de empleo prácticamente simultáneos a los que se presentaron personal del Consorcio Valencia 2007, el ente creado para la gestión de la Copa América, que estaba en proceso de extinción. Tres exempleados del Consorcio superaron los procesos selectivos durante el 2024: dos en el Puerto de Valencia, que se habían presentado también a la Fundación Deportiva Municipal, y uno en la Fundación Visit València. La denuncia señala a una cuarta persona que se fue como interina a la Conselleria de Agricultura y superó una oposición en la Generalitat Valenciana.

En la denuncia, los valencianistas señalan a la alcaldesa de València, María José Catalá, a la concejala de Deportes, Rocío Gil, a la edil de Turismo, Paula Llobet y a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao. Compromís y el PSPV han ampliado la denuncia para incorporar al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, que en una reunión con trabajadores del Consorcio explica que van a salir plazas en entidades públicas municipales, según ha revelado elDiario.es.

La documentación sobre el proceso, que ahora está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, arroja dudas sobre la gestión. En el caso del Puerto, hubo un informe de la Intervención General del Estado que cuestionaba procesos de selección de personal en el Puerto y un acta notarial que 'adivinó' a las seleccionadas, en un caso judicializado por el sindicato UGT, que denunció que las plazas estaban realizadas a medida. En lo que respecta al Ayuntamiento de València, las sombras están en la convocatoria de plazas simultáneas en la Fundación Deportiva Municipal -puestos de trabajo ya existentes pero que salen a convocatoria pública muy seguidas-, coincidiendo con las de la Autoridad Portuaria, lugares de trabajo que quedan desiertos en muchos casos y de los que se desiste después de que las candidatas opten a la APV. Asimismo, hay dudas sobre si el funcionario que tomó la plaza en la Fundación Visit Valencia lo hizo cumpliendo todos los requisitos que marca la convocatoria.

La investigación de la Fiscalía se centra así en tres posibles irregularidades: el presunto amaño de las plazas del Puerto de Valencia, tal y como apunta el informe de la Intervención; la convocatoria casi idéntica a la que se presentan las mismas aspirantes en la Fundación Deportiva Municipal (FDM), entidad que desiste del proceso una vez son admitidas en la APV; y el posible incumplimiento de los requisitos del adjudicatario de la plaza de Visit Valencia. Estas son algunas claves del proceso que investiga Anticorrupción:

Convocatorias consecutivas

El 18 de abril de 2024, la Fundación Deportiva Municipal, presidida por la concejala Rocío Gil, convoca dos plazas para cubrir una jefatura de Administración y una para dirigir el Servicio de Infraestructuras. Estas plazas, que ya existen en la relación de puestos de trabajo pero llevan años vacantes, se publican en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de mayo y a ellas concurren A. G. y M. G., trabajadoras del Consorcio. Tras una rectificación, las bases se publican en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 4 de junio de 2024, en una resolución firmada el 30 de mayo de 2024. Esta modificación provoca que corran los plazos y que coincidan el proceso en la FDM con el de la APV.

El 29 de abril, la Autoridad Portuaria de València lanzó otros dos procesos administrativos para la cobertura de plazas de subdirector de infraestructuras y jefe de apoyo de área económica, con la convocatoria de pruebas selectivas. Procesos con requisitos similares a los que han salido en la FDM, pero, en este caso, sí son de nueva creación. Son dos plazas de carácter fijo en la plantilla de personal, fuera de convenio, y con salarios que rozan los 100.000 euros. A estas plazas concurren también A.G. y M.G, que finalmente obtienen el puesto. El sindicato UGT los lleva al juzgado al considerar que se crean para favorecer a determinado personal. Además, se adivinan ante notario quienes van a ser las seleccionadas, antes de que se publique la lista de admitidos.

El 15 de mayo de 2024, la Fundación Visit València publicó tres plazas para personal que procediera del sector público o fuera funcionario de carrera. A una de ellas, la plaza de técnico jurídico, concurren 15 personas, entre ellas E.M., trabajador del Consorcio, señalado también en la denuncia presentada en Fiscalía.

Acta notarial que 'adivina' las adjudicaciones de la APV

Nueve días después de que arranquen los dos procesos en la APV, trabajadores del Consorcio se personaron en una notaría y registran dos actas en las que manifiestan los nombres de quienes creen que van a obtener el puesto. Los documentos dicen así: “Que la Autoridad Portuaria de Valencia, con fecha 29 de abril de 2024, ha publicado el proceso de selección para la provisión de un puesto de subdirección de infraestructuras, instalaciones y conservación de personal laboral fijo excluido de convenio colectivo para la Autoridad Portuaria de Valencia, siendo el plazo de presentación de solicitudes hasta el 28 de mayo de 2024 a las 14.00 horas. Que los aquí requirientes quieren dejar constancia, antes de que dicho puesto sea adjudicado en virtud del referido proceso de selección, que tienen firme convencimiento de que dicha plaza va a ser adjudicada a doña M. G. N.” La segunda acta hace referencia al puesto de jefatura de apoyo a gestión económico financiero, que según los requirientes se adjudicaría a doña A.G.

La Autoridad Portuaria de Valencia anunció su lista de admitidos el 29 de mayo de 2024, en la que figuran A.G. y M.G. Iniciarán su actividad laboral en el Puerto el 16 de octubre del mismo año. En las actas, adivinaron las plazas.

Desestimiento de las convocatorias

El 10 de junio de 2024, A.G. presenta la solicitud para las plazas de la Fundación Deportiva Municipal. El 14 de junio, cuatro días después, presenta una carta de desestimiento.

El 22 de julio de 2024, la Presidencia del OAM Fundación Deportiva Municipal declara desierta la convocatoria a la que se ha presentado M.G. Presenta una renuncia al proceso el 5 de julio.

En una resolución, el consistorio indica que “tras la finalización del plazo de presentación de instancias, no se ha realizado posteriormente actuación alguna para continuar el procedimiento, habiéndose requerido desde la propia Presidencia de la entidad desistir del mismo, por razones organizativas”.

En la denuncia, Compromís afirma que M.G renuncia al proceso y otro candidato queda inadmitido. En octubre, la concejala Rocío Gil pide que se desista del proceso para “llevar a cabo con más detenimiento una reorganización” de los servicios en la Fundación Deportiva Municipal.

Un informe de la Intervención contra los nombramientos del Puerto

La Intervención General del Estado también planteó sus dudas sobre convocatorias de empleo en el Puerto. El documento, publicado íntegramente por elDiario.es, pone la lupa en cinco procesos de contratación, entre ellos los dos que Compromís ha llevado a Anticorrupción. En el informe se pone de relieve que “la gestión de las plazas convocadas para personal excluido de convenio resulta deficiente, con criterios restrictivos que podrían conculcar los principios generales aplicables de igualdad, mérito y capacidad”.

“Las plazas convocadas para el personal excluido de convenio contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado. Por lo tanto, podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público”, apunta la Intervención en el informe.

La Autoridad Portuaria de Valencia se negó a trasladar este documento, un criterio que corrigió el Consejo de Transparencia a petición de un particular.

Las plazas de la APV, pendientes de juicio

El sindicato UGT denunció a la Autoridad Portuaria de Valencia por las dos plazas que finalmente ocuparon A.G y M.G. Al contrario que en las fundaciones del Ayuntamiento de València, que son puestos vacantes previstos en la RPT que se sacan para cubrirse, en el Puerto sí se crean dos plazas nuevas. La sección sindical consideró que las convocatorias vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que responden a una deriva “restrictiva” y “arbitraria” en la política de personal del organismo.

Las bases hacían referencia a la liquidación del Consorcio Valencia 2007, con perfiles muy específicos, y en el Consorcio Valencia 2007 consideraron que se asemejaban a los de dos altos cargos del ente, que resultaron ser beneficiarias. UGT consideró que las plazas se crearon para favorecer a determinado personal, y las llevó al juzgado. Las vistas por ambas plazas están previstas para mayo y octubre.

Plaza Visit Valencia, en duda sobre los requisitos

La tercera plaza en cuestión es la de Visit Valencia. En este organismo se sacan tres convocatorias diferentes para perfil jurídico, técnico de promoción y comunicación, y un administrativo, a las que solo pueden concurrir empleados públicos. A la plaza de técnico jurídico se presentan dos personas, pero no cumplen los requisitos. A la plaza de Comunicación solo se presenta un candidato, pero no acude el día de la prueba, que era el 21 de octubre, y se declara desierta un día después. A la tercera plaza, de administrativo, concurren E.M. y otros 14 aspirantes, aunque solo tres cumplen con el requisito de ser empleado públicos, según la resolución del 7 de agosto. Finalmente, solo E.M. supera la fase de oposición como “apto”, según la resolución de noviembre.

Para entonces, E.M. ya no es trabajador en activo en el Consorcio Valencia 2007. La liquidación del ente se produce el 16 de octubre. Por tanto, incumpliría las bases de la convocatoria pública por apenas unas semanas.

En los requisitos de la convocatoria, se establece que “los candidatos deberán reunir, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización del contrato de trabajo, los siguientes requisitos: (...) Ser empleado de entidades del sector público con relación funcionarial de carrera o laboral fija o indefinida”.

Informes contrarios a la subrogación

El Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, y dirigido por María José Catalá defiende el proceso de contratación del empleado. La alcaldesa apuntó esta semana, al admitirse la denuncia y publicarse parte del contenido de las grabaciones, que pedirá un informe a los servicios jurídicos para acreditar el proceso, aunque avanzó que confía en que se hubiera hecho debidamente, ya que fue “transparente”. Trasladó asimismo que todo el consistorio, todos los grupos políticos, tenían voluntad de no dejar en la calle a los trabajadores del Consorcio.

Durante el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007, en enero del 2024, se emitió un informe de la Abogacía del Estado contrario a la subrogación de los empleados, trasladan fuentes municipales. En ese informe, apuntan, se concluía que la liquidación y extinción del Consorcio suponía la extinción de los contratos de trabajo del personal del mismo y su despido mediante las técnicas de despido colectivo.

El Ayuntamiento se mostró en contra de cualquier subrogación en la medida en que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad adscrita al mismo, sino a la Administración General del Estado, apuntan fuentes municipales. Todos los grupos con representación trasladaron su voluntad de que estos trabajadores no se quedaran en la calle. Con estas limitaciones, expresan las mismas municipales, se contempló la posibilidad de cubrir vacantes que fueran necesarias en las entidades del sector público de quienes ya tuvieran la condición de empleados públicos, en los procedimientos de selección para personas provenientes del sector público; es decir, donde hubiera vacantes y en régimen de derecho laboral y siempre en los términos legales que resultaran de aplicación en cada convocatorio. El Ayuntamiento afirma que no existe ningún empleado público que no haya superado el procedimiento, acreditado con documentación.