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La Agencia Valenciana Antifraude pregunta al Ayuntamiento de València si existe algún procedimiento judicial abierto por las oposiciones de la cúpula de la Policía Local. El organismo para prevenir la corrupción en las instituciones públicas remitió al consistorio el pasado julio un requerimiento sobre la convocatoria de tres plazas de comisario principal, el máximo rango del Cuerpo, en el que pregunta si hay constancia de la interposición de recurso jurisdiccional contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se nombra al tribunal de la oposición, a raíz de una información publicada por elDiario.es.
El organismo abrió un expediente a raíz de una denuncia del sindicato Comisiones Obreras, que cuestiona el sistema de designación de los miembros del tribunal por parte de la Agencia Valenciana de Emergencias e impugnó el acuerdo del Ayuntamiento que recoge esta decisión. Antes de proceder a una investigación formal, el Antifraude debe evaluar si la denuncia tiene base y si existe un proceso judicial abierto; en tal caso, debe inhibirse y dejar hacer a los tribunales.
En el requerimiento, Antifraude expone parte de la denuncia y hace referencia a la información publicada por elDiario.es sobre que uno de los candidatos al proceso, que ya recurrió el acuerdo de la Junta de Gobierno, ha llevado la cuestión al juzgado de lo contencioso-administrativo. El comisario principal responsable de la División Territorial Operativa, de la que dependen todas las comisarías de proximidad, y que ocupa el cargo por un proceso de mejora que está judicializado, ya presentó un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en el que se nombró el órgano selectivo. En su escrito, consideró que la designación de los miembros realizada por la Agencia Valenciana de Emergencias (AVSRE) no se realizó siguiendo lo que marca el decreto y solicitó la suspensión del acto impugnado y de la convocatoria. El Ayuntamiento desestimó sus alegaciones en tiempo récord y, según fuentes cercanas, el mando acudió a los tribunales.
El consistorio remitió la respuesta a Antifraude en apenas dos días. En el breve escrito, de apenas seis líneas, los servicios jurídicos afirman que “salvo error por nuestra parte, no consta recurso jurisdiccional interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 21 de febrero de 2025 por el que se designa al órgano técnico de selección de la convocatoria para proveer en propiedad 3 plazas de Comisario/a Principal de Policía Local”.
El ejecutivo local lleva un año con el procedimiento atascado, ahora pendiente de cambios en la baremación a raíz de una sentencia judicial, que también supone un quebradero de cabeza para el nuevo jefe de Policía, Ángel Albendín. Su antecesor, José Vicente Herrera, así como el otro comisario principal con plaza en propiedad, se encuentran pendientes de una querella interpuesta por dos comisarios, que les acusan de amañar las pruebas para el ascenso temporal. Prácticamente todos los mandos de València se han presentado a este proceso, que el sindicato Comisiones Obreras y uno de los mandos han recurrido por diferentes vías.
Los agentes desconfían del proceso selectivo, y aún más después de que la responsable de la Agencia Valenciana de Emergencias reconociera, en respuesta al sindicato CCOO, que no se realizó sorteo para la designación de los miembros del tribunal. El Ayuntamiento reactivó la renovación de la cúpula el pasado febrero con el nombramiento del tribunal de evaluación apartando al jefe investigado, pero no ha avanzado formalmente en las oposiciones. El sindicato ha pedido acceso a los expedientes relacionados con la convocatoria de empleo público y mantiene una batalla de recursos con la AVSRE y Transparencia para dilucidar un proceso que marcará el organigrama de la seguridad municipal para la próxima década.