“El Ayuntamiento tiene la capacidad de decidir el escenario, la pregunta sería cuál queremos que sea el escenario el 3 de agosto. Si no se aprueba nada se levanta la suspensión y volvemos a un régimen anterior que habría que ver urbanísticamente cuál es pero si de aquí al 3 de agosto el Gobierno municipal no es capaz de plantear una alternativa lo que tiene que hacer es dimitir”.
El concejal socialista del Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, se ha pronunciado así este miércoles a colación de la información publicada por elDiario.es relativa a la posibilidad de que el Valencia CF pueda recuperar sus derechos urbanísticos vinculados al nuevo estadio sin las condiciones que le imponen las fichas de gestión que tiene en trámite el Ayuntamiento si estas no se aprueban en el pleno antes del 3 de agosto, algo que hasta ahora no ha sido posible porque el PP, con la alcaldesa María José Catalá al frente, no ha logrado los apoyos suficientes. Los populares cuentan con 13 concejales y necesitan al menos cuatro apoyos más para aprobarlas.
Sanjuán ha insistido que el Ayuntamiento tiene “un concejal de Grandes Proyectos y si ese señor (en referencia a José Marí Olano) y la alcaldesa de aquí al 3 de agosto no tienen ningún plan lo que tienen que hacer es recoger sus bártulos e irse” y ha añadido: “Si yo fuera responsable del Gobierno municipal no se me ocurriría decir lo que va a pasar el 3 de agosto si no hago nada, lo que se me ocurriría es proponer qué quiero hacer yo de aquí al 3 de agosto y yo lo que quiero preguntar es qué quiere la señora Catalá que exista el 3 de agosto; ¿quiere que Lim tenga todos los beneficios sin ninguna condición? Yo estoy seguro que sí, pero como va a tener que disimular que nos cuente cómo lo quiere hacer”.
La portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha comentado que “Compromís es un grupo serio, que quiere estar por encima del frentismo y la polarización sin sentido, por eso no tenemos problema en ayudar en este proceso siempre y cuando Catalá continúe la senda de Joan Ribó y ponga los intereses de la ciudad por delante de los de Peter Lim”, lo que significa “aprobar un convenio con unas exigencias al club muy claras: Estadio de 5 estrellas (70.000 espectadores, parking de 3.500 plazas, etc...) y polideportivo de Benicalap de calidad”.
Según Robles, es importante que se entienda que en este debate existen dos partes inseparables, como un pack indivisible: “Las fichas urbanísticas van ligadas a un convenio. Ribó defendió el interés del club y de la ciudad en esta segunda parte y esto es lo que le exigimos a Catalá. Pero hasta ahora sólo hemos tenido reuniones en Madrid a puerta cerrada, chanchullos con Olano y KPMG, y falta de transparencia absoluta”.
La portavoz de Compromís, quien ha afirmado que la alcaldesa aún no les ha convocado a la anunciada junta de portavoces para tratar el asunto, ha asegurado que “si Catalá cambia las formas, informa públicamente de todas las negociaciones y elabora un convenio que contemple las obligaciones que deba cumplir el club, desde Compromís facilitaremos un acuerdo, más allá de partidismos, haciendo lo bueno para la ciudad”.
Como ha informado este diario, el acuerdo del Gobierno valenciano del 3 de agosto de 2022 por el cual se decretó la caducidad anticipada de la actuación territorial estratégica (ATE) del Valencia CF suspende las licencias para levantar los nuevos edificios vinculados a la edificabilidad que otorgaba la ATE al club, esto es los 40.000 metros de terciario de la avenida de las Cortes Valencianas y los 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y de otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón, hasta que el Ayuntamiento aprobara las fichas urbanísticas.
El problemas según han confirmado a elDiario.es fuentes de toda solvencia es que el decreto establece un plazo de dos años desde su publicación para aprobar las fichas urbanísticas. Un plazo que vece el próximo 3 de agosto. Superado este plazo, que además según aseguran las mismas fuentes es improrrogable, el club podría presentar al Ayuntamiento el PAI y este estaría obligado a tramitarlo, lo que implicaría que podría recuperar los derechos que establecía la ATE pero sin los condicionantes que le imponen las fichas urbanísticas.